Las reglas de Bruselas dictaron el precio que el Santander pagó por el Banif

El gobernador del Banco de Portugal (BdP), Carlos Costa, explicó que el precio pagado por el Santander en la compra del banco Banif (150 millones, muy por debajo de su valor contable) se debió a las reglas de la Comisión Europea (CE).

En la primera sesión de la comisión de investigación dedicada a esclarecer lo ocurrido en el Banco Internacional de Funchal (Banif), liquidado en diciembre con un coste millonario para el Estado luso, Costa fue interrogado por los diputados sobre el proceso.

"No se cuestiona el valor económico real. Lo que sucedió fue por la aplicación de las reglas conservadoras de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea", aclaró Costa, en alusión a los 150 millones desembolsados por el Banif.

Los parlamentarios preguntaron por qué se vendió la parte saludable del Banif a ese precio de mercado, teniendo en cuenta que había hasta cinco interesados en el octavo mayor banco luso.

Junto al Santander, el gobernador desveló que el banco Popular español fue la otra entidad interesada que cumplía con los requisitos: tener licencia bancaria y ser tres veces la dimensión del Banif en el mercado nacional y cinco en el internacional.

"El Popular acabó por no presentar una propuesta final y la única que había era la del Santander", señaló Costa.

El Banif era el más pequeño de los principales bancos lusos y fue vendido a finales de diciembre al Banco Santander por 150 millones de euros.

La solución encontrada incluye dividir sus activos en tres: la parte saludable, que fue a parar a la entidad española; la problemática o tóxica, que pasó a un vehículo de gestión creado para tal fin; y el pequeño porcentaje restante, que se mantiene bajo el mismo nombre y será vendido.

La operación supone un coste para el erario público próximo a los 3.000 millones de euros, de los que casi dos terceras partes se abonarán al Santander en concepto de garantías y para "futuras contingencias" derivadas de la operación.

Ésta es la quinta comisión de investigación parlamentaria a la banca portuguesa en apenas ocho años, un instrumento que fue utilizado ya el año pasado para depurar responsabilidades en la caída del Banco Espírito Santo (BES), por aquel entonces una de las más importantes entidades financieras del país.