El Tribunal de Cuentas da conformidad a ayudas de RBE que subsistían en 2016

El Tribunal de Cuentas ha aprobado en sesión plenaria el informe de fiscalización de las ayudas para jóvenes derivadas de la Renta Básica de Emancipación (RBE) que fueron concedidas en 2016 en función de las normas que estableció el Gobierno de Rodríguez Zapatero, aunque las suprimió el de Rajoy en 2012.

Según ha informado en un comunicado el Tribunal de Cuentas este jueves, ha sido verificado el cumplimiento de los procedimientos implantados para la gestión de estas ayudas por la administración estatal -a través del Ministerio de Fomento- y las comprobaciones realizadas sobre las solicitudes por las administraciones autonómicas.

No obstante, el Tribunal de Cuentas ha formulado una serie de recomendaciones, entre ellas la necesidad de que, para la gestión de las ayudas de RBE que subsisten, se establezcan medidas que eliminen las ambigüedades del procedimiento que afectan al ejercicio efectivo de las competencias estatales y autonómicas en cada caso.

Las ayudas por subsidiación de préstamos y las de carácter directo a la entrada para la adquisición de vivienda alcanzaron en 2016 los 209,54 millones de euros.

Esas ayudas estaban comprendidas en los planes estatales de vivienda de 2009 a 2012 y han sido fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas junto a las derivadas de la RBE, aunque ambas fueron suprimidas en 2011 y 2012.

Las ayudas que se dieron en 2016 son las que permanecían por haber sido aprobadas en los años anteriores y tenían un plazo que no había acabado, o bien otras en las que la normativa permitía su obtención a pesar de que, con carácter general, se hallaban ya suprimidas.

Además, el Tribunal Constitucional declaró en 2012 la nulidad de la mayoría de los artículos que regulaban la gestión compartida (estatal y autonómica), pero dejó a salvo las ayudas que hubieran sido establecidas con anterioridad a la fecha de sus sentencias.

En 2016 se iniciaron 7.655 expedientes por pagos indebidos, de los que 7.174 (por más de 3,24 millones de euros) fueron iniciados por Fomento y 481 por las comunidades autónomas.