Piden suspender un desahucio en A Coruña por cinco impagos de 480 cuotas

Abogados de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Gipúzkoa han pedido hoy la suspensión de una ejecución hipotecaria en A Coruña por cinco impagos de un total de 480 cuotas.

El juzgado de primera instancia número once de A Coruña ha acogido esta mañana la vista en la que Sandra, una desempleada de la ciudad, ha pedido que el proceso de ejecución sea sobreseído.

La afectada ha explicado a los medios de comunicación que, en su momento, pidió una Hipoteca Tranquilidad a la entidad Banesto, que ha pasado al Banco Santander, por un importe de 92.000 euros con diez años a interés fijo y otros treinta con interés variable para un total de 480 cuotas.

Después de seis años en los que abonó 34.000 euros, se quedó sin prestación por desempleo y pidió la dación en pago, a lo que "no contestaron" hasta que le pusieron "una demanda".

"Lo que hacen las entidades es acogerse al código de buenas prácticas para la prensa, pero luego no contestan. Yo les avisé de que no podría seguir pagando y me demandaron. Me piden 90.000 euros de deuda, porque no amorticé ni 2.000, y otros 27.000 de costas e intereses", ha comentado.

José Mari Erauskin y Maite Ortiz son los abogados de la PAH de Gipuzkoa y han afirmado ante el juez que "una cláusula que permite la resolución de un contrato de 480 cuotas por un único impago, es abusiva" y, por lo tanto, "debe ser eliminada".

Afirma Erauskin que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechaza este tipo de prácticas y recuerda que en este caso "se pide todo un préstamo de cuarenta años por cuatro o cinco cuotas pendientes", en una situación que "no permite hacer vida normal" a la afectada, que "perdería su vivienda y entraría en un fichero de morosos", ha abundado.

El letrado ha detallado que ya son 600.000 las familias que han perdido su vivienda por este tipo de prácticas y tan solo un diez por ciento reclama contra su ejecución hipotecaria, pues muchas ni la conocen hasta que se producen: "Creamos un grupo de gente excluida social", ha añadido.

Los abogados del Banco Santander han asegurado que "las condiciones no son abusivas" y que se pactaron "por voluntad de las partes", por lo que creen que la reclamación debería ser al notario y no a la entidad.

Afirman que el Tribunal Supremo permite la resolución del contrato "con tres vencimientos", una cantidad que en este caso se ha superado, a lo que Erauskin ha respondido que lo que se debe analizar es el contenido de la cláusula, no el número de impagos.

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