Tribunal de Cuentas advierte de deficiente justificación contratos públicos
El Tribunal de Cuentas ha advertido al Gobierno de Murcia tras la fiscalización de las cuentas de 2013 de esa[…]
El Tribunal de Cuentas ha advertido al Gobierno de Murcia tras la fiscalización de las cuentas de 2013 de esa comunidad de la deficiente justificación de la necesidad de celebración de la mayoría de los contratos públicos analizados.
En su informe, el tribunal critica también de la imprecisión en los pliegos de cláusulas administrativas al baremar los diferentes criterios de adjudicación, la deficiente preparación administrativa y la falta de coordinación entre las administraciones intervinientes en el inicio de los expedientes y en la preparación de los contratos.
Además, advierte de la no inclusión de la valoración del precio de las ofertas como determinante de la adjudicación de los contratos en virtud del principio de economía en la gestión de los fondos públicos.
Por otro lado, habla de que la sociedad anónima Desaladora de Escombreras presentaba en 2013 importantes desequilibrios patrimoniales y continuaba incursa en la causa de disolución prevista en la ley de Sociedades de Capital sin que se hubiera alcanzado una salida viable a la situación de la planta.
Si bien en 2014 y 2015 -matiza- hubo un significativo incremento del volumen de ventas por la suscripción de nuevos contratos para suministro de agua, que supondrían alcanzar el 76 % de la capacidad máxima de producción, los compromisos financieros asumidos por las obligaciones contractuales derivadas del contrato de arrendamiento de la planta, correspondientes al periodo 2015-2034, ascendían a 31 de diciembre de 2013 a 445 millones de euros.
En cuanto a la gestión sanitaria, al igual que en el resto de comunidades, observa "una enorme rigidez del gasto, lo que representa una preocupación para la sostenibilidad financiera en la prestación de los servicios sanitarios", dado que el déficit acumulado del Servicio Murciano de Salud al cierre del ejercicio 2013 ascendía a 1.077 millones de euros.
Por último, reitera las recomendaciones de informes precedentes, puesto que "en general no se observan actuaciones definitivamente encaminadas a su cumplimiento".
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