Un 25,6% de los alquileres en Cantabria no se declara, según Gestha

Un 25,6 por ciento de los alquileres de Cantabria no se declara a Hacienda, según las estimaciones de los técnicos[…]

Un 25,6 por ciento de los alquileres de Cantabria no se declara a Hacienda, según las estimaciones de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que cifran en 16,3 millones el importe de las rentas fraudulentas.

Este porcentaje se sitúa por debajo de la media nacional, donde el 41,4 por ciento de los arrendamientos no se declaran.

Sobre esos alquileres ha puesto el foco la Agencia Tributaria (AEAT) en la campaña de la renta de este año, en la que ha incluido un mensaje informativo a través del sistema Renta Web para los contribuyentes que tienen anunciados pisos en varios medios, sobre todo a través de internet.

Según los técnicos de Hacienda, a día de hoy existen algo más de un millón de viviendas alquiladas que escapan al control del fisco en España, de las que 5.819 se encuentran en Cantabria.

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No obstante, el arrendamiento sumergido ha disminuido 12,6 puntos porcentuales desde 2007, año en el que los alquileres fraudulentos alcanzaban el 54,03 por ciento.

Gestha achaca este afloramiento de los alquileres sumergidos al cruce de información de las deducciones estatal y autonómica de arrendamiento de vivienda habitual y a la reducción en el IRPF del 60 por ciento del rendimiento neto del alquiler declarado, que hasta la reforma fiscal de 2015 llegaba al 100 por cien si el inquilino tenía entre 18 y 30 años y unos rendimientos netos superiores al indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) que en 2013 era de 7.455,14 euros.

A estas medidas, suma la campaña de comprobaciones realizadas por la administración tributaria desde hace tres años en aquellas viviendas con altos consumos eléctricos cuyos propietarios declaran estar desocupadas, pues desde el año 2010 dispone de la información del consumo de electricidad de los hogares.

Mucho menor impacto tienen, en su opinión, las visitas de la Agencia Tributaria destinadas a detectar alquileres opacos, que alcanzaron únicamente a 5.469 viviendas en 2015.

Gestha advierte en un comunicado de que el arrendamiento fraudulento es una actividad ilícita que es "fácil descubrir y controlar", dado el perfil medio del propietario arrendador, que no realiza un fraude sofisticado.

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