Economistas opinan que solo hay que dar ayudas públicas a empresas solventes

La mayoría de los economistas vascos considera que las Administraciones públicas deben intervenir únicamente en empresas estratégicas y que sean solventes, una cuestión sobre la que se han pronunciado en plena crisis del astillero La Naval.

Esta es una de las conclusiones del Ekonometro de diciembre de 2018, la encuesta que con carácter semestral realiza el Colegio Vasco de Economistas entre sus 4.526 afiliados, de los cuales han participado en el sondeo 511, el 11 % del colectivo.

La encuesta muestra unas predicciones similares a las de los organismos públicos y privados: los economistas ven con optimismo, pero menor, el futuro de la economía vasca, según han explicado en una rueda de prensa los responsables del Ekonometro, la doctora en Ciencias de la Economía de la UPV/EHU Mercedes Vallejo, y el portavoz del equipo que ha realizado la encuesta, Joseba Barandiaran.

El 34 % de los participantes en el sondeo considera que la economía del País Vasco ha mejorado un poco en estos seis últimos meses del año, el 44 % estima que está igual y el 21 % que ha empeorado, el dato más relevante ya que en el anterior sondeo solo un 4 % pensaba que había ido a peor. De cara al próximo semestre, la mayoría cree que la situación económica no va a variar.

Respecto al desempleo, la mayoría de los participantes en la encuesta opina que el paro se reducirá en los próximos seis meses, aunque a menor ritmo (el 40 % de la muestra), mientras que los que piensan que seguirá igual suponen el 38 %.

En el sondeo se ha cuestionado a los participantes sobre otros asuntos, el más destacado, la intervención pública en la empresa.

La pregunta, según han recordado los autores del estudio, se ha hecho en un momento en el que una gran empresa como el astillero La Naval está en liquidación, y el comité de empresa ha pedido que sean los gobiernos los que la compren.

Es una posibilidad de intervención pública que rechazan los economistas vascos: el 44 por ciento considera que las administraciones públicas deben intervenir únicamente en empresas estratégicas y que sean solventes.

A ello se añade otro 29 por ciento que piensa que deben intervenir solamente en las empresas que necesiten una inyección económica para su recuperación, pero que tengan un proyecto sostenible en el tiempo.

Además, el 18,8 por ciento piensa que las administraciones no deben intervenir en las empresas en ningún supuesto, y solo el 7 % manifiesta que deben intervenir en todas las empresas que lo precisen.

Otra de las cuestiones sobre las que se ha preguntado es la repercusión de los grandes eventos de masas, tras un año en el que se han celebrado en Bizkaia, entre otros, los premios MTV o las finales de rugby europeas.

Una amplia mayoría -más del 60 por ciento- de las respuestas avala su impacto económico, aunque una minoría discrepa: para el 34 por ciento la promoción de eventos de masas no es una forma adecuada de desarrollo, por ser temporal y porque la medición del impacto económico que generan no es real.

La valoración difiere entre territorios: los economistas vizcaínos los apoyan, pero en Álava y Gipuzkoa no ven este tipo de eventos como modelo de desarrollo sostenible.

También se ha preguntado a los economistas vascos sobre el impacto de la ampliación del permiso de la prestación laboral por paternidad.

La mayoría, el 56 %, piensa que tendrá beneficios sociales, como el grado de implicación de los padres, o la desaparición de los roles de pareja, pero no creen que conlleve una contratación más paritaria ni que mejore la productividad en general.

Por último, los economistas han opinado que la promoción del euskera cae dentro de la responsabilidad social de las empresas.

.