Una empresa extremeña pierde ayuda de 765.000 euros por incumplir condiciones

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha declarado que la empresa Geryvida Extremadura, S.A. ha incumplido las condiciones establecidas para percibir la ayuda que se le había concedido, por lo que ha perdido una subvención de 765.899 euros.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la Orden HFP/16/2017, de 2 de enero, que recoge el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que declara el "incumplimiento" de condiciones por parte de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

En consecuencia, debido a que el alcance del incumplimiento ha sido del cien por cien, se le retira la totalidad de la subvención.

El 12 de mayo de 2014 la Junta de Extremadura emitió un informe sobre la ejecución del proyecto, "del que se deduce el incumplimiento en la inversión realizada y en la disposición de licencias", según el acuerdo publicado hoy.

Por ello, se inició el oportuno expediente de incumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento de los incentivos regionales, unas subvenciones que persiguen la corrección de los desequilibrios económicos interterritoriales.

Instruido este expediente, "se pone de manifiesto el incumplimiento del 43,88 % de la condición de realizar inversiones por importe de 6.382.496,00 euros, ya que la inversión subvencionable justificada asciende a 3.581.898,92", según la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

También se constata, añade este órgano, el "incumplimiento de la condición de realizar al menos el 25 % de las inversiones aprobadas antes del 26/06/2008 y el incumplimiento de la condición de disponer de licencia de instalación, obras y apertura de Centro de Día y Residencia de Ancianos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, en vigor en el momento de su concesión".

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer potestativamente un recurso de reposición ante la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos o un contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

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