El derecho a la vivienda se garantiza con una partida ampliable de 2 millones

El derecho a una vivienda aparece recogido en el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco con una partida de dos[…]

El derecho a una vivienda aparece recogido en el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco con una partida de dos millones de euros, que es ampliable porque al tratarse de un derecho subjetivo debe estar garantizado siempre.

Esta partida aparece reflejada en el proyecto de presupuestos para 2017 que el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha entregado hoy a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria.

Fuentes del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda han explicado a Efe que es difícil calcular con exactitud el dinero necesario para garantizar el acceso a una vivienda a personas sin recursos porque el número de beneficiarios puede variar en cualquier momento, ya sea porque se reconocen nuevos casos o porque hay personas que dejen de necesitar esta ayuda.

Por ello el Gobierno Vasco ha decidido establecer una partida inicial de dos millones de euros en los presupuestos de este año, aunque podrá ampliarse en función de las necesidades, han señalado las fuentes.

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La Ley de Vivienda, aprobada la legislatura pasada a propuesta de los socialistas, garantiza el derecho subjetivo a una vivienda y recoge que para hacerlo efectivo el Gobierno Vasco debe poner a disposición de las personas con escasos recursos un piso protegido o, si no tuviera suficientes viviendas de este tipo, otorgarles una ayuda económica para pagar un alquiler en el mercado libre.

El consejero del ramo, Iñaki Arriola, avanzó en una reciente comparecencia en el Parlamento Vasco que su Departamento estima que para 2025 alrededor de 18.000 hogares tendrán acceso al derecho subjetivo a una vivienda y apostó por duplicar en diez años el parque público de pisos en alquiler para dar respuesta a esta necesidad.

La Ley vasca de Vivienda está recurrida en algunos de sus artículos por el Ejecutivo central, pero tras la reunión que el mes pasado mantuvieron la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el consejero Josu Erkoreka, el Gobierno Vasco ve "posible" la retirada de los recursos.

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