Los estibadores quieren retirarse antes de tiempo con el 80% de su salario actual

 A la espera de lo que depare la reunión negociadora de este jueves sobre la controvertida liberalización de la carga y descarga de mercancías en los puertos, los estibadores ya han dejado claro en qué condiciones quieren prejubilarse si finalmente respaldan la reforma del sector. Sería, según la propuesta que entregaron el martes al Gobierno, con el 80% de sus retribuciones actuales.

Es más, los sindicatos establecen una cuantía mínima a cobrar por aquellos que opten al retiro laboral anticipado que ofrecen los Ministerios de Fomento y Empleo siempre, eso sí, que no les queden más de cinco años para su jubilación «ordinaria, cosa que en el sector suele hacerse a los 55 años. Ese suelo sería el equivalente a tres veces el salario mínimo interprofesional situado este año en los 707,6 euros, lo que supondría no percibir menos de 2.122 euros mensuales.

El Ejecutivo, sin embargo, no estaba dispuesto en principio a darles más del 70% del salario actual a través de las ayudas que pondrá en marcha Empleo. Por eso los representantes de los estibadores ofrecen reducir esa factura para las arcas públicas reduciendo hasta un 6% su sueldo. Un punto de ese descenso iría a parar a un fondo sufragado a partes iguales con las empresas para costear parte de las prejubilaciones.

En su propuesta, los sindicatos también dicen estar dispuestos a mejorar la competitividad de los puertos, como reclama la patronal, impulsando aspectos como la polivalencia y movilidad funcional de los trabajadores, así como la adaptación de sus puestos a las nuevas tecnologías. Sin embargo, también quieren «participar en la formación», tanto en la continúa como en el acceso a la profesión.

No pueden. ni querrían

Y es ahí donde chocan con los planes del Gobierno, que dice seguir las pautas establecidas por la Comisión (CE) y la justicia europeas. Por eso mismo también rechaza de plano la pretensión de los estibadores de que la polémica subrogación de trabajadores entre las concesionarias actuales de estos servicios y las nuevas «disponga de rango de ley».

«Aunque quisiéramos, no podríamos», dijo este miércoles el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, quien insistió en que la CE «no permite que se obligue a las empresas a contratar por ley» -remitió el asunto al nuevo convenio colectivo-, ni tampoco que la estiba disfrute de un régimen laboral especial.