La dificultad de asesorar a inversores «maniatados»
La segunda sesión del Foro Asesores Financieros analiza cómo el exceso de burocracia y los costes que produce la sobrerregulación penalizan a los asesores
Los continuos cambios normativos, la sobrerregulación y la excesiva burocracia asfixian a los asesores financieros, que, pasados tres años de la implantación de la directiva de mercados Mifid II, creen urgente su revisión y esperan que con Mifid III la normativa se adapte a las necesidades de los inversores y del sector.
Así quedó patente en el segundo encuentro del Foro Asesores Financieros 2021 celebrado ayer jueves con la organización de la revista INVERSIÓN y el apoyo de Banco Mediolanum, que trató sobre ‘Competencias y cambios normativos’.
Participaron Fernando Ibáñez, presidente de la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero (Aseafi), Sara Gutiérrez Campiña, socia de Finreg, despacho especializado en regulación financiera, y José Manuel Ortiz, consejero de Cuatrecasas y presidente del comité de acreditación y certificación de EFPA España, moderados por Alejandro Ramírez, director de INVERSIÓN.
Logros y fracasos de Mifid II
Los ponentes consideran que Mifid II tiene luces y sombras. Las primeras derivadas de que ha alcanzado dos de sus objetivos: una mayor protección de los pequeños inversores y mejorar su asesoramiento.
«Tras la entrada en vigor de la directiva de mercados, los inversores minoristas y los clientes de la banca personal están mejor asesorados en sus decisiones inversoras», reconoce Sara Gutiérrez.
Sus sombras hay que achacarlas, en opinión de Fernando Ibáñez, a que en la protección de los inversores Mifid II «se pasó de frenada, imponiendo una excesiva burocracia que sufrimos los asesores».
Exceso de información
A su juicio, el exceso de información que tiene que leer un pequeño inversor antes de optar por un producto puede ser contraproducente: «Hay clientes que se niegan a leer una documentación tan extensa y me dicen: yo hago lo que tú me digas».
Por ello, los ponentes consideran que Mifid III debería racionalizar las exigencias regulatorias para que los inversores estén protegidos y los asesores puedan trabajar sin que les lastre ni el exceso de burocracia ni los costes producidos por la sobrerregulación.
Y más teniendo en cuenta que va a llegar una nueva normativa relacionada con la inversión socialmente responsable (ISR). José Manuel Ortiz considera que «el tsunami de regulación sostenible que se avecina va a someter a las entidades a una sobrerregulación y a unos costes administrativos de cumplimiento elevados».
Nueva figura de inversor
Otro de los cambios que la Comisión Europea está analizando introducir en Mifid III es la figura del inversor semiprofesional, que estaría a medio camino entre el minorista y el profesional, y al que se le permitiría invertir en productos ahora prohibidos al pequeño inversor.
Esta sería una buena medida, a juicio de José Manuel Ortiz, siempre que se consiga identificar correctamente el perfil de ese cliente. «Sería positivo tanto para los asesores, que se descargarían de burocracia, como para los inversores que podrían ampliar su gama de inversión».
En este sentido, Ibáñez cree que las autoridades han querido proteger tanto a los minoristas que los han «maniatado» y «perjudicado», ya que hay países en que las entidades financieras han renunciado a trabajar con ellos, «a pesar de ser los que más necesitan asesoramiento».
¿Adiós a las retrocesiones?
La CE también se está planteando eliminar las retrocesiones para acabar con los conflictos de interés, lo que podría ir en detrimento de los asesores que viven de ellas.
Según Fernando Ibáñez, España ha sido siempre un país muy bancarizado en el que los servicios de asesoramiento han estado incluidos en los costes de los productos, por lo que eliminar radicalmente las retrocesiones y establecer el cobro explícito por asesoramiento será negativo para los inversores y para algunos asesores y entidades.
En su opinión, «el cliente no está acostumbrado a pagar y se queja amargamente cuando tiene que hacerlo». Pero reconoce que debido a los escasos márgenes y a la presión regulatoria nos dirigimos a un modelo en el que los clientes tendrán que pagar por asesoramiento como ocurre en el modelo anglosajón».
Por ello, desde Aseafi solicitan libertad para que cada cliente elija el modelo de asesoramiento que desee.
Antes de que se supriman las retrocesiones, Sara Gutiérrez recomienda a las entidades y a los asesores que inculquen a sus clientes que «les están dando un asesoramiento profesional de calidad por el que tienen que pagar».
