Los países de la Unión Europea (UE) llegaron hoy a un acuerdo sobre la propuesta para supervisar las actividades de las cámaras de compensación, intermediarios clave en ciertas transacciones financieras, que busca fijar un marco para vigilar tras el "brexit" un negocio que está concentrado en Londres.

El acuerdo fija la posición del Consejo (los Estados miembros) de cara a la negociación final con la Eurocámara de la legislación, que "tiene particularmente en cuenta los efectos del 'brexit' en el sistema financiero europeo", dijo el Consejo en un comunicado.

La propuesta, presentada por el Ejecutivo comunitario, prevé dar nuevos poderes de supervisión a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), con sede en París, pero no exige que todas las entidades de relevancia de terceros países establezcan su sede en el territorio de la UE.

Las cámaras de compensación o casas de contrapartida central (CCP) actúan como intermediarias de las operaciones entre entidades y responden en caso de impago de una de las partes, lo que hace de ellas un actor clave para la estabilidad del sector financiero, como se hizo patente durante la última crisis.

El 75 % de actividades de compensación de derivados en euros a nivel mundial se lleva a cabo en el Reino Unido, donde diariamente se gestionan transacciones por valor de 927.000 millones de euros.

El Consejo recordó que actualmente hay 16 casas de compensación establecidas y autorizadas en la UE, así como 32 centrales de países terceros que pueden operar en los Veintiocho, y que tras la salida del Reino Unido de la Unión las tres que se encuentra en su territorio pasarán a ser consideradas CCP de países terceros.

La propuesta respaldada por el Consejo prevé crear una unidad de supervisión en el seno de la ESMA que se encargará de analizar qué CCP son relevantes para todo el sistema financiero europeo, es decir, podrían desestabilizarlo si quiebran o tienen problemas.

Las que no lo sean podrán seguir operando en la UE bajo las reglas actuales, mientras que aquellas que sí tengan importancia sistémica deberán, en función de su grado de relevancia, cumplir ciertos requisitos adicionales o trasladarse a algún país de la UE.

Las CCP de terceros países con importancia sistémica deberán cumplir todas las reglas comunitarias así como los requisitos adicionales -de capital o liquidez, por ejemplo- que impongan los bancos centrales nacionales de la UE, algo que estos deberán verificar.

Asimismo, deberán comprometerse a proporcionar información relevante a los supervisores europeos y permitirles realizar inspecciones en sus oficinas.

En última instancia, si la importancia de la CCP es tal que la ESMA considera que los requisitos citados no son suficientes para poder reconocerle el derecho de operar en la UE, la entidad en cuestión necesitaría establecerse en algún Estado miembro para poder seguir operando en territorio comunitario.

El Parlamento Europeo y el Consejo comenzarán ahora las negociaciones finales para pactar definitivamente la propuesta, que se enmarca dentro de la revisión del reglamento relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (EMIR).