Las prisiones privadas en EEUU tienen un problema: la reducción del número de reclusos

Con la bajada generalizada de las tasas de delincuencia a nivel nacional y la reducción del número de condenas largas, las compañías de centros penitenciarios privados de EE.UU. prevén una caída catastrófica de la demanda de sus servicios. Su respuesta: diversificar desde los centros de transición hasta los centros de barrio para delitos relacionados con drogas.

En las tres últimas décadas, muchos empresarios e inversores se lanzaron al sector de las prisiones privadas, convencidos de que aquella espinosa función de encarcelar a delincuentes podría ser un negocio lucrativo y con potencial de crecimiento. Ya no es así. La reducción de las rigurosas condenas mínimas y otras reformas de la justicia penal, junto con la reducción del número de internos en centros federales y estatales redujo la cifra global hasta un millón y medio a finales del ejercicio 2015. Una caída del 38 por ciento desde los 2,4 millones de 2008.

En las últimas semanas, las dos compañías de centros penitenciarios privados que cotizan en bolsa en EE.UU., Corrections Corp. of America (CCA) and Geo Group, han sentido los efectos del declive del mercado. El 29 de agosto, el Departamento de Seguridad de EE.UU. anunció que revisaría la posibilidad de acabar con el uso de centros privados para la reclusión de delincuentes extranjeros y otros inmigrantes ilegales. Apenas 11 días después, el Departamento de Justicia del país fue aún más contundente al anunciar el comienzo del cierre de los centros penitenciarios privados.

Cerca de la mitad de los ingresos anuales de las compañías «podría estar en riesgo», tras el anuncio del Gobierno federal, según un análisis de Bloomberg Intelligence. Ambas compañías cuentan con importantes contratos de reclusión de inmigrantes que vencen en los próximos ocho meses. Solamente esos contratos habrían supuesto 520 millones de dólares para CCA, una compañía situada en Nashville y 228 millones para Geo, una compañía de menor tamaño, con sede en Boca Raton, Florida.

Por el momento, los contratos estatales con centros privados parecen la opción más segura, ya que el sistema penitenciario estatal sigue estando más sobrecargado que el federal. Pero esto no ha bastado para reafirmar a los inversores. Desde que el Departamento de Justicia realizara su anuncio el pasado 18 de agosto, las acciones de CCA y Geo han caído más de un 30 por ciento. (Su principal competencia, Management & Training, con sede en Centerville, Utah, está en manos privadas).

Así, surge la necesidad de diversificar. La mayoría de las personas que integran el sistema judicial penal no están recluidas en centros penitenciarios, sino sujetas a algún tipo de sistema «correccional comunitario». Este término tan general hace referencia a diferentes instituciones: centros de transición, donde acuden algunos reclusos cuando se acerca el final de su condena; «centros de penas intermedias», que vigilan a exconvictos que incumplen sus condiciones de libertad condicional; y centros de día para personas condenadas a recibir tratamientos de rehabilitación por drogas o formación profesional, en lugar de ingresar en centros penitenciarios tradicionales. 

A finales de 2014, 4,7 millones de adultos se encontraban en situación de libertad condicional, el dato disponible más reciente. Esta cifra supone un bajada del 7,8 por ciento en los últimos 7 años, pero sigue siendo un número muy superior al de la población reclusa, y la caída ha sido mucho más lenta. 

«De algún modo, lo predijimos» hace seis años, y empezamos a planificar un cambio hacia los centros correccionales comunitarios, afirma Tony Grande, director de desarrollo de CCA. El cambio de estrategia se ha visto justificado, afirma, con la reducción de la población reclusa; asimismo, sus clientes del Gobierno han indicado que quieren contar con grandes proveedores privados que ofrezcan centros de corta duración menos punitivos, más parecidos a centros comunitarios y más alejados del concepto tradicional de prisión, que ofrezcan oportunidades de rehabilitación. 

Grande señala un memorando del Departamento de Justicia del 18 de agosto que insta a la Oficina Federal de Prisiones a poner fin a su sistema general de centros penitenciarios privados. La nota subrayaba que el departamento seguirá pagando a las compañías privadas por dirigir «centros de rehabilitación residencial comunitarios» o «centros de transición» en todo el país».

CCA comenzó a diversificar su sistema adquiriendo centros correccionales comunitarios, con la compra de su primer centro de transición en San Diego, hace tres años. A día de hoy, dirige 25 centros con un total de 5.000 camas en seis estados. Y se van a cerrar más acuerdos, afirma Grande. 

«Hemos experimentado una auténtica expansión y hemos crecido mucho aquí en poco tiempo» afirma Damon Hininger, director ejecutivo de CCA, en un análisis del sector, durante una teleconferencia sobre los recortes federales. Seguiremos creciendo con la compra de centros, afirman los directores de CCA. Históricamente, la mayoría de centros correccionales comunitarios han estado en manos de empresas locales pequeñas, muchas de ellas, familiares, así que lo que está pasando ahora es el comienzo de la consolidación de ese sector.

Geo lleva «varios años» avanzando en la misma dirección, afirma por e-mail Pablo Paez, vicepresidente de Relaciones Corporativas. La compañía afirma que cuenta con más de 20 centros de reinserción y unos 60 centros de día, que cuentan con cerca de 7.000 usuarios al día.

Los más escépticos sobre los centros penitenciarios privados afirman que les preocupa la tendencia de que los grandes contratistas absorban las empresas familiares de centros correccionales comunitarios. En un informe publicado en agosto, el Comité de Servicios de Amigos de EE.UU., una organización para la paz y la justicia, advertía de que el enfoque agresivamente lucrativo de las grandes compañías que cotizan en bolsa será un problema para lograr el objetivo reformista de «reducir el tamaño y alcance del sistema penitenciario».

«Mientras que las mejores prácticas en el ámbito de los centros correccionales comunitarios se centran en las intervenciones personalizadas para mantener el menor nivel de vigilancia y seguridad necesario y durante el menor tiempo posible, el incentivo para las compañías de centros penitenciarios privados es «ampliar la red» de personas sujetas a niveles de control cada vez mayores», añade el Comité de Amigos.

Grande discrepa. «Para reducir la población reclusa, tenemos que encontrar una forma de reducir la reincidencia en el país», afirma, un objetivo que ya está buscando CCA con los programas de rehabilitación que desarrolla en sus centros. «Si las necesidades cambian, nosotros tenemos que cambiar».