La nueva Ley del Mercado de Valores protege más al inversor

La Ley del Mercado de Valores eleva los requisitos de solvencia de las empresas de servicios de inversión y otorga más atribuciones a la CNMV

La reforma de la Ley del Mercado de Valores ya está en marcha. El pistoletazo de salida lo ha dado el Ministerio de Asuntos Económicos al difundir en audiencia pública un paquete legislativo que incluye el Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión al que los operadores del mercado y los ciudadanos pueden aportar sugerencias.

Su objetivo es mejorar el funcionamiento de los mercados de capitales, potenciar la competitividad de las infraestructuras de mercado y aumentar la protección de los inversores.

Además del anteproyecto de ley, el paquete legislativo incluye tres reales decretos de desarrollo relativos a las empresas de servicios de inversión, a instrumentos financieros, al régimen de registro de valores negociables y las infraestructuras de mercado, y las potestades de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

ESIs más solventes

En este conjunto de normas se incorporan al ordenamiento jurídico español directivas comunitarias entre las que destaca la Directiva 2019/2034, sobre régimen prudencial de empresas de servicios de inversión (ESIs), que mejora el funcionamiento de estas empresas e incorpora nuevas obligaciones de solvencia específicas para ellas.

La norma fortalece un régimen propio de supervisión, adaptándolo a su modelo de negocio y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad.

También introduce una clasificación de las empresas de servicios de inversión. Basada en ella se establecerá la normativa a aplicar dependiendo del nivel de activos totales que tenga cada compañía.

Los nuevos cambios dan más poder a la CNMV para establecer el régimen aplicable a las ESIs, dentro de determinados márgenes, en función del tamaño, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades que lleven a cabo.

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La normativa es menos rigurosa con las ESIs más pequeñas que no entrañan riesgo sistémico. Tendrán un régimen más flexible siempre que se mantenga la protección de los inversores.

Eliminar lo que sobra

La reforma también incorporará los nuevos cambios aprobados en la Directiva de Mercados MIFID II, "con el objetivo de que los servicios de inversión favorezcan la recapitalización de las empresas europeas y faciliten las inversiones a la economía real", apuntan desde el Ministerio de Asuntos Económicos.

Ajusta los requisitos y las obligaciones administrativas que pueden resultar redundantes. Con ello pretende facilitar la canalización del ahorro hacia la financiación protegiendo los intereses de los inversores.

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También ajusta la limitación de las posiciones en determinados derivados y el correspondiente régimen de exención de cobertura con el fin de dar un impulso a los nuevos mercados denominados en euros.

A ello se suma las modificaciones que simplifican la obligación de información del folleto que se publica en las emisiones de valores.

Proteger al inversor en SPAC

Junto a la transposición de las directivas europeas, el nuevo paquete normativo introduce otras novedades cuyo objetivo es mejorar la competitividad de los mercados de capitales en España para financiar la inversión y el crecimiento empresarial.

Establece una reforma en la Ley de Sociedades Capital para garantizar la protección de los inversores en sociedades cotizadas con propósito para la adquisición, conocidas como SPAC, cuyo objetivo es favorecer la salida a bolsa de empresas, contribuyendo a la diversificación de las fuentes de financiación, especialmente para empresas que estén en crecimiento o en sus primeras fases de desarrollo, y reduciendo la dependencia del crédito bancario.

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La propuesta para proteger a estos inversores se centra, según fuentes del Ministerio de Economía, "en dar certeza al reembolso de las inversiones en las SPAC".

Simplificar la emisión de renta fija

Otros de los cambios radican en que se simplifica el proceso de emisión de valores de renta fija con el objetivo de favorecer la competitividad de los mercados españoles en este segmento "cada vez más importante para la financiación empresarial", señalan desde el ministerio.

También propone eliminar obligaciones de información aplicables a los participantes del mercado en el proceso de compensación y liquidación de valores, para alinear la regulación nacional a la normativa comunitaria y a la de los países de nuestro entorno.

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