La banca europea critica propuesta de la CE para gravar la economía digital

La Federación Bancaria Europea (EBF, en sus siglas en inglés) criticó la propuesta anunciada hoy por la Comisión Europea (CE)[…]

La Federación Bancaria Europea (EBF, en sus siglas en inglés) criticó la propuesta anunciada hoy por la Comisión Europea (CE) de introducir un impuesto del 3 % sobre la facturación de las grandes empresas digitales para gravar sus actividades allí dónde generan valor.

EBF subrayó en un comunicado que "únicamente mediante un enfoque global" se conseguirá la igualdad de condiciones y evitar "dobles imposiciones involuntarias".

Advirtió de que la introducción "unilateral" de nuevas normas puede perjudicar la evolución actual de la economía digital.

La iniciativa de la CE se produce a instancias de Francia y con el apoyo de las principales economías -Alemania, España, Italia o el Reino Unido, entre otros- que pidieron medidas urgentes para acabar con las lagunas en la legislación actual, las cuales permiten que, mientras las empresas tradicionales pagan de media un 23,2 % de impuesto de sociedades, las digitales abonen solo un 9,5 %.

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El impuesto que plantea Bruselas afectaría sólo a las empresas que facturen al año más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE, con el fin de restringirlo a las grandes compañías y aquellas con presencia significativa en el bloque comunitario.

La EBF no comparte este enfoque y abogó por seguir las líneas marcadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G20 en su Informe Provisional publicado el 16 de marzo, que pide alcanzar un consenso mundial sobre la tributación de la economía digital.

"Las actividades digitales llevadas a cabo por bancos y grupos bancarios se ejercen en marcos regulatorios muy estrictos y no pretenden la evasión de impuestos", resaltó el consejero delegado de EBF, Wim Mijs, en un comunicado.

La organización banquera advirtió de que cualquier tasa específica sobre sus actividades digitales supondría un "recargo" que se sumaría al impuesto sobre la renta corporativa ya existente, lo que daría lugar a una "doble imposición".

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