Estado de emergencia en corporación de Puerto Rico evita el pago a acreedores

El Gobierno de Puerto Rico ha declarado el estado de emergencia de la estatal Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), que adeuda más de 2.200 millones de dólares, para suspender así su obligación de transferir ingresos a los acreedores.

El gobernador Alejandro García Padilla informó de la decisión en un comunicado divulgado hoy en el que se detalla que el martes firmó una orden ejecutiva que decreta el estado de emergencia para la ACT según la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de 2016.

García Padilla justificó la iniciativa como una forma de permitir que la ACT pueda pagar a contratistas y mantener obras en proceso, garantizando así el mantenimiento de la red viaria de la isla.

La declaración del estado de emergencia suspende la obligación de la ACT de transferir los ingresos de los peajes y cualquier otro recibido a sus acreedores e impone una prórroga en las reclamaciones judiciales por impagos, según aclara el comunicado.

La deuda de la ACT con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el brazo financiero del Gobierno, alcanzaba más de 2.200 millones de dólares a fecha de 31 de diciembre de 2012, sin que hubiera fuente alguna para responder a esos compromisos adquiridos.

El gobernador señala en el comunicado que la deuda de la ACT es resultado de las prácticas que se llevaron a cabo en el cuatrienio 2009-2012, cuando se sufragó el déficit y las necesidades de inversión de capital de la ACT mediante líneas de crédito del BGF, sin que se identificaran fuentes de pago para cumplir con esas obligaciones.

García Padilla indicó que esa práctica agudizó los problemas financieros de la ACT al aumentar en gran medida su deuda.

La ACT, según se detalla, necesita cerca de 25 millones de dólares mensuales para mantenerse operacional y proveerle los servicios esenciales a la ciudadanía en las carreteras de la isla.

La corporación pública necesita además cerca de 150 millones de dólares para atender deudas con proveedores.

"Con esta orden, la administración del gobernador Alejandro García Padilla reafirma su posición de establecer como prioridad la continuidad de los servicios esenciales a la ciudadanía", indica el comunicado.

La medida hoy anunciada se suma a la decisión del Ejecutivo encabezado por García Padilla de conceder a la ACT una parte de los fondos obtenidos del acuerdo de extensión de contrato firmado recientemente con la compañía Metropistas, controlada por la española Abertis, que supuso 100 millones de dólares para las arcas públicas

El Gobierno puertorriqueño informó el pasado día 13 de que de conformidad con la "Ley de Alianzas Público Privadas" y tras sufragar los costos asociados a la transacción se destinaron 18,2 millones de dólares para el pago de la deuda con contratistas y proveedores de la ATC.

Ambac, una de las principales aseguradoras de Estados Unidos, presentó el pasado día 11 una demanda ante el Tribunal federal de San Juan contra la ACT por la extensión del contrato por entender que los 100 millones de dólares se desviaron por parte del Ejecutivo local desde la corporación para ser utilizados para atender los problemas de liquidez del Gobierno.

La Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, convertida en norma con la firma de García Padilla el pasado 6 de abril, faculta al Ejecutivo a detener todos los pagos de deuda de Puerto Rico, que ronda los 70.000 millones de dólares.

EFE

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