El fiscal del caso Bankia se opone a investigar a Fernández Ordóñez y Restoy

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la imputación del exgobernador de Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y de su actual subgobernador, Fernando Restoy, al considerar que no participaron en la supuesta estafa a los inversores de la salida a bolsa de Bankia en 2011.

Así lo hace constar el fiscal Alejandro Luzón en un informe remitido al juez Fernando Andreu antes de la declaración de Deloitte, en el que explica que no existe "por el momento" ningún elemento que apunte a una supuesta "dejación consciente" del deber de supervisión por parte de los funcionarios del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Anticorrupción responde de este modo a la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) que solicitó que los máximos responsables de ambos organismos fuesen llamados a declarar en la Audiencia Nacional como investigados (antes imputados) por su papel en la "presuntamente delictiva" salida a bolsa de Bankia.

Según la CIC, Fernández Ordóñez, Restoy (por entonces exvicepresidente de la CNMV), así como el ex director general de Supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez Tello y el exsubgobernador de esa institución Javier Aríztegui "conocían perfectamente los problemas detectados" y "decidieron ocultarlos", permitiendo así la creación tanto del grupo BFA-Bankia como la posterior manipulación de sus cuentas y su debut bursátil.

Ahora, el informe de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, rechaza las pretensiones de la acusación entre otros motivos porque su escrito no aclara "con precisión" en qué términos habrían de ser imputados dichos responsables.

En este sentido, Luzón explica que los reproches al Banco de España por "particular desidia o déficit" en sus funciones de vigilancia y control no puede ser considerada parte del delito de estafa que la CIC les achaca, sino que se trataría, al máximo, de una imprudencia.

Además, recuerda que la Audiencia Nacional desestimó en 2015 el recurso interpuesto por tres inversores que reclamaron al organismo una indemnización por su responsabilidad patrimonial en el debut en bolsa de Bankia al no tener "la entidad suficiente para atribuirle el daño que se le reclama".

"La opción de considerar que los funcionarios del Banco de España o de la CNMV participaron dolosamente por omisión equivale a admitir que contribuyeron consciente, voluntaria y materialmente", argumenta Luzón, que califica tal consideración como "insostenible".

Por ello, el fiscal rechaza la petición de la acusación popular, que también solicitó la comparecencia como testigo del inspector José Antonio Casaus, autor del informe de diciembre de 2010 en el que se detectaron "deficiencias en la gestión del riesgo de crédito y control interno" de Bankia.