El Defensor del Pueblo se interesa por la cesión de créditos de la banca

El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio ante el Banco de España para conocer el seguimiento que esta institución está haciendo de las negociaciones sobre cesión de créditos y préstamos entre las entidades financieras y las sociedades gestoras de fondos.

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, critica en el informe anual del organismo que se "desconoce" la actuación del Banco de España, así como "el número de reclamaciones presentadas por los deudores, los datos recogidos de las cesiones de créditos realizadas por las entidades financieras y los datos sobre el derecho de retracto de los deudores".

El Defensor del Pueblo denuncia que las gestoras de fondos "no están notificando de forma clara a los deudores que han comprado sus deudas" y recurren a intermediarios para "ocultar la identidad del verdadero cesionario".

De la misma manera, tampoco informan sobre "el precio de la cesión a la que el deudor podría ejercitar el retracto", algo que le perjudica, ya que no tiene conocimiento de la cesión ni de su precio.

Ante esta situación, los clientes recurren a la aplicación del Código de Buenas Prácticas bancarias, recogido en el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, pero las entidades se lo deniegan al no ser titulares de los préstamos hipotecarios, algo que descubren cuando los bancos inician el procedimiento de ejecución bancaria.

Esta operación de cesión de créditos y préstamos empezó a generalizarse durante la crisis económica, por lo que el Defensor del Pueblo ha lanzado una consulta web a los clientes afectados para conocer cuál es la magnitud del problema.

Una vez extraídas las conclusiones, el Defensor del Pueblo hará "las propuestas oportunas para mejorar la situación y evitar que se extiendan las malas prácticas en este tipo de negocios".

Por otro lado, el Defensor del Pueblo insiste en la necesidad de regular la actividad de las agencias de recobro para evitar la utilización de métodos poco éticos.

Esta institución ha vuelto a formular una recomendación a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa para que ataje este problema, ya que la primera fue rechazada, según publica en su informe anual.

La Administración ha aceptado este nuevo intento del Defensor del Pueblo y se recogerá en la transposición de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, entendidas como tales tanto las realizadas entre empresas, como entre compañías y poderes públicos.

No obstante, el plazo de transposición ya venció, por lo que se ha incorporado a otras normas.

Las agencias de recobro de deudas afloraron durante la crisis económica, pero no existe ninguna regulación al respecto, por lo que se les reprochan "métodos poco ortodoxos" y se les culpa de lesionar "los derechos fundamentales de las personas".