¿Cómo tributa la inversión en bitcoin?

El nuevo plan de lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria vigilará de cerca los nuevos negocios surgidos de la economía digital y del mundo de Internet. Así lo revela el Plan de Control Tributario 2018 publicado hace una semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De acuerdo al documento, Hacienda centrará sus actuaciones para este año en las nuevas tecnologías, como el blokchain, y, en especial, el uso de criptomonedas, bitcoin o resto de monedas virtuales, como medios de pago.

Pero el control irá más allá y se pondrá especial atención en los pagos con tarjeta, ya que tal y como ha constatado la Agencia Tributaria, su cuantía ha superado a la retirada de dinero de los cajeros automáticos y se ha acelerado el uso de monederos electrónicos y de transferencias instantáneas. En definitiva, el plan de la Agencia Tributaria estrechará el cerco sobre ellos para evitar casos de fraude.
El tercer foco de vigilancia se hará sobre la economía digital y colaborativa y las nuevas formas de empleo surgidas de ellas como el trabajo freelance. Al respecto, la Agencia Tributaria explica que son relaciones laborales de corto plazo y que requieren una especial vigilancia si se quieren evitar «prácticas discriminatorias», como ha definido estas relaciones laborales la propia Agencia Tributaria, contra las formas de trabajo estable, en las que el trabajador goza de la debida protección.

Por último, en este año, se hará un extraordinario esfuerzo en vigilar «la utilización por el crimen organizado de la Internet profunda o 'deep web' para el tráfico y comercio de todo tipo de bienes ilícitos». Sin olvidar otros temas que tradicionalmente han centrado la lucha contra el fraude como los bienes y derechos en el extranjero que no se hayan declarado.

Sin embargo, a pesar de lo ambicioso del plan, José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), lo califica de insuficiente: «No hay un aumento ni de medios materiales ni personales». Mollinedo señala que la economía sumergida sigue creciendo de manera continuada a pesar de los buenos resultados en su lucha por parte de la Agencia Tributaria y esto se debe a que las actuaciones que se realizan no van contra el volumen. 

Medios y deficiencias

Como ha reconocido la Agencia Tributaria los nuevos delitos fiscales exigirán nuevas formas de lucha contra ellos. Por este motivo, emprenderá «actuaciones de control sobre aquellos fabricantes o prestadores de servicios que comercializan sus bienes o servicios a través de internet, para detectar la posible existencia de tramas fraudulentas con patrones creados para defraudar».

No obstante, Mollinedo distingue entre los portales de internet donde ofrecen estos servicios y donde el control es más sencillo, puesto que estos mismos portales facilitan toda la información a la Agencia Tributaria, como puede ser un Airbnb, o aquellos portales que sirven para poner en contacto a los particulares, como son las web de compraventa de productos. «La operación se hace fuera de esos mismos portales. El coste de comprobación es muy elevado y las posibilidades de lograr éxito ínfimas», señala Mollinedo.

Por su parte, Joan Pons, director del despacho Linkservices ETL Global y secretario de EFPA España, sí que cree que la Agencia Tributaria tiene medios para poder controlar las transacciones entre particulares si se realizan a través de estas plataformas, donde sí que consta la prestación del servicios y los pagos. Pero sí que reconoce que es más difícil en plataformas que solo sirven para poner en contacto a los particulares, aunque Pons recuerda que «el gravar las transacciones entre particulares no es nada nuevo, otra cosa diferente es que nunca se haya hecho». De la misma opinión es Rubén Gimeno, director del Servicio de Estudios del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas, quien recuerda que en plataformas en las que no hay registro se puede ver quién vende pero no quién compra.

En cuanto a las criptomonedas, Mollinedo también ve dificultades en su control: «Es complicado que se pueda seguir más allá de las operaciones que se realicen entre bancos o en las oficinas de cambio de monedas». De la misma opinión es Pons, que además enumera las dificultades que implica gravar estas operaciones: «El bitcoin y el resto de criptomonedas son difícilmente localizables. Otro problema es cómo debe ser su tributación». Al respecto enumera tres problemas: dónde esté ubicado, es decir, si es considerado un derecho en el extranjero. Segundo, si debe declararse por el modelo 720 o por Impuesto del Patrimonio, y finalmente cómo declararse en la renta, «bien como una ganancia o pérdida patrimonial o bien como rendimientos del capital mobiliario», continua Pons, aunque sí tiene claro que debe declararse una vez que se haya vendido.
Caso diferente es el relacionado con los mineros, los que crean las criptomonedas. En ese sentido, Gimeno recuerda que Hacienda ya aclaró el punto más polémico a través de una consulta vinculante al Ministerio: «Los mineros deben darse de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) . Como empresarios también deberán tributar en la declaración de la renta».

Además, también deberán hacerse autónomos en la Seguridad Social y pagar la correspondiente cuota, aunque en este punto podría saltarse este paso si no gana más del Salario Mínimo Interprofesional con su actividad. Este se encuentra en 9.900 euros en 2017. Eso sí, no pagará IVA.

En las dos únicas actuaciones que Mollinedo considera que la Agencia Tributaria puede tener éxito es en el caso del uso de tarjetas y en la declaración de bienes en el extranjero. En el primero, Mollinedo recuerda que el control de las tarjetas es fácil de seguir, ya que su emisión está identificada, «solo podrían escapar a su control aquellas emitidas fuera de nuestro país o que pertenecieran a extranjeros».

En cuanto al control de los bienes en el extranjero, la Agencia Tributaria utilizará nuevas fuentes de información: por un lado el Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, que obliga a las grandes empresas a informar de sus facturas en tiempo real, y los datos de cuentas financieras procedentes de decenas de jurisdicciones del proyecto CRS de la OCDE.