La Generalitat ha decidido trasladar a La Seu d'Urgell la oficina liquidadora, de la Agencia Tributaria, que estaba en el Val d'Aran, según ha denunciado el partido Unitat d'Aran.
El traslado de esta oficina pública a 150 kilómetros de distancia va, según los araneses, "en contra de toda lógica", ya que hacía más de 150 años que se ofrecía este tipo de servicio en la zona.
En este sentido, el secretario general de Unitat de Aran, Paco Boya, ha manifestado sus dudas sobre si "este cambio afectará también al derecho de exención del uso del papel sellado vigente en el otorgamiento de las escrituras públicas".
Este documento, tal y como explica Boya, "hasta ahora estaba reconocido por notarios registradores y de la propia oficina liquidadora".
Boya ha recordado que "este derecho fue defendido por los alcaldes araneses en diversas ocasiones" y en años tan dispares como en 1898, 1955 y 1960.
El secretario general ha lamentado, además, que "el desmantelamiento de esta oficina implica un paso más en la dirección de la creación de la Vegueria del Pirineo", lo cual respeta, "siempre que no implique una recentralización de servicios".
Finalmente, Boya aboga por mantener la autonomía de las instituciones aranesas que, tras esta acción, "pierden un valioso instrumento para abordar la corresponsabilidad fiscal y su capacidad recaudatoria".
Unitat Aran preguntará al Síndic d'Aran en el próximo pleno sobre este asunto.
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