La Unión Europea (UE) se plantea retrasar hasta el 1 de enero de 2022 la posible entrada en vigor de un impuesto a las empresas digitales que debaten desde hace meses los Estados miembros y que aún debe conseguir la unanimidad de todos los socios para aprobarse y convertirse en ley.
En la reunión de ministros de Economía y Finanzas de los Veintiocho del pasado 6 de noviembre, Francia y Alemania propusieron a sus socios comunitarios que la tasa se apruebe en diciembre, pero solo entraría en vigor el 1 de enero de 2021 si para entonces no hay una solución internacional en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Sin embargo, este jueves fuentes comunitarias precisaron que incluso si se logra aprobar el impuesto en diciembre con la unanimidad necesaria, lo cual no está garantizado porque algunos países aún mantienen reservas, no entraría en vigor hasta el 1 de enero de 2022.
La OCDE tiene previsto publicar un informe sobre el impuesto digital a mediados de 2020 y, a finales de ese mismo año, la Comisión Europea analizará el progreso logrado en el ámbito global, señalaron las fuentes.
Si el análisis del Ejecutivo comunitario considera que no se han producido avances suficientes en el ámbito global, se podrá decidir la entrada en vigor de la tasa digital europea en enero de 2022, en caso de que haya sido aprobada antes.
Los ministros de Finanzas y Economía de los Veintiocho intentarán dar luz verde al impuesto a las compañías digitales en su reunión del próximo martes, 4 de diciembre.
Al tratarse de un asunto de fiscalidad, es necesaria la unanimidad de todos los Estados miembros, pero Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia no están dispuestas a apoyar la tasa porque prefieren una solución global.
Fuentes comunitarias añadieron que un segundo grupo de países formado por Estonia, Chipre y Luxemburgo estaría dispuesto a votar a favor de la iniciativa si Irlanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia vencen sus reticencias.
Además, Alemania, Holanda y el Reino Unido no ven viable aprobar la tasa antes de fin de año, mientras que Letonia, Lituania y Malta esperan resolver aspectos técnicos que, según las fuentes, no suponen un obstáculo "importante" para dar su visto bueno a la propuesta.
La iniciativa propone una tasa del 3 % sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las empresas de Internet que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE, y se aplicaría de forma temporal.
El objetivo es paliar la disparidad que existe entre lo que pagan en concepto de impuesto de sociedades estas plataformas digitales (9,5 %) y las empresas tradicionales (23,2 %), mientras se busca una solución global definitiva para gravar estos nuevos modelos económicos.
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