Sombras sobre la recuperación del dinero de la corrupción en Andalucía
El PP pide amparo al Consejo de Transparencia ante la opacidad y falta de respuesta del Ejecutivo regional. Díaz reconoció en comisión parlamentaria que solo se habían recuperado 3 millones en concepto de ayudas indebidas a la formación.
Caso de los ERE fraudulentos, los cursos de formación, Invercaria, avales. Las causas por corrupción instruídas en los tribunales andaluces han puesto en evidencia la laxitud con la que el dinero público que salía de la Consejería de Empleo en la década pasada. El actual Ejecutivo autonómico ha expresado en muchas ocasiones su firme voluntad de recuperarlo para destinarlos a la creación de empleo. Pero esa intención parece haber quedadoen palabras, según denuncia el PP, que, tras numerosos intentos, ha solicitado amparo al Consejo de la Transparencia para poder responder a la pregunta del millón. ¿Cuánto dinero ha recuperado realmente la Junta de Andalucía?.
Diversos departamentos gubernamentales remiten a la información dada por la propia presidenta, Susana Díaz, o el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, en la comisión parlamentaria de investigación sobre los cursos de formación. En ese momento, el pasado 31 de mayo, Díaz insistió en que de la declaración de funcionarios e interventores no se deducía menoscabo alguno de fondos públicos, por lo que quedaba desmontada la «tesis de una conspiración para un gran fraude de 3.000 millones de euros» entre 2002 y 2012, según las cifras iniciales de la investigación policial.
Desde Empleo insistieron en que esos 3.000 millones eran en realidad el montante total de las ayudas al empleo concedidas entre 2002 y 2012, y que de ellos solo faltaban por revisar expedientes por importe de 539 millones de euros. Con los datos de lo ya revisado en la mano, la presidenta andaluza sí respondió a la pregunta clave, cifrando en 90 millones el dinero reclamado en firme por la Junta por las ayudas indebidamente justificadas, a los que se sumarían otros 50 millones de euros aún en fase de alegaciones por parte de las empresas beneficiarias.
De esa cantidad, dijo Díaz entonces, se habían recuperado al menos 3 millones de euros. Pero de eso hace mes y medio, y la administración no se pronuncia acerca de si la cifra se ha movido. En Hacienda se escudan en que son cantidades que deben ser reclamadas por la agencia tributaria estatal, que es la competente.
La opacidad se mantiene también respecto al caso de los ERE fraudulentos. Los datos oficiales indican que la revisión de las ayudas directas a empresas a las que no les correspondía o de los expedientes de prejubilación donde se detectaron hasta 126 intrusos motivó la apertura de expedientes de reintegro por importe de 84,7 millones de euros. Pero la propia Consejería de Hacienda reconoce la dificultad de conocer cuánto se ha podido reintegrar al erario público, dado que muchos beneficiarios recurrieron y el expediente se encuentra en los tribunales. Otras ayudas han sido archivadas por la posible prescripción del delito.
En comisión parlamentaria en 2015, el consejero de Economía solo confirmó la devolución de 1,2 millones en periodo voluntario, el único reintegro que se ha podido formalizar, mientras que otros 22 millones están «en providencia de apremio» y una «parte importante» paralizada cautelarmente en distintas instancias judiciales.
Ofensiva parlamentaria
Desde el PP ponen en duda incluso estas cifras. «Cuando nos ocultan toda la información es porque realmente no se ha devuelto nada», sentencia la portavoz de Empleoen el Parlamento de Andalucía, Teresa Ruiz Sillero. Desgrana las múltiples iniciativas que, en el último año y medio, ha presentado en el Parlamento para conocer esta información: preguntas orales y por escrito, peticiones de documentación que pasan de departamento en departamento hasta que acaban desestimadas por vencimiento de plazo, Proposiciones no de Ley, comparecencias o intervenciones en la comisión parlamentaria que investiga el supuesto fraude en formación.
Más esfuerzo para conseguir esta información es imposible y no han contestado a nada», se queja. De ahí que el PP optara finalmente por plantear una queja ante el Consejo de Transparencia, admitida a trámite el pasado 22 de julio. Esto implica un plazo de tres meses para recibir una respuesta o, en caso contrario, se abriría un expediente sancionador o disciplinario, según lo establecido en la Ley de Transparencia de Andalucía, que incluso podría acabar en multa económica. Ruiz Sillero tampoco descarta que algunos altos cargos de la administración regional puedan estar incurriendo en algún tipo delictivo por «no estar haciendo todo lo posible por recuperar esa cuantía», actitud que, dice, «constataría aún más el fraude».
