PNV y PSE: servicios jurídicos Diputación han de analizar recurso a sentencia

Los grupos del PNV y PSE-EE en las Juntas Generales de Bizkaia han dejado en manos de los servicios jurídicos de la Diputación Foral el análisis en torno a la conveniencia o no de recurrir la sentencia judicial que ha declarado "fortuita" la quiebra de la fallida planta de purines de Karrantza.

Los integrantes de dichos grupos en la comisión de Sostenibilidad y Medio Natural de las Juntas Generales han impedido con sus votos que la cámara vizcaína inste a la Diputación Foral a presentar un recurso a la sentencia para que se declare el concurso "culpable", como han defendido los grupos de EH Bildu, Podemos, PP y grupo mixto.

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao sentenció la pasada semana como "fortuito" el concurso de la planta de purines, cuya sociedad promotora, Karrantzako Minda, creada con dinero público, quebró tras lograr subvenciones por más de 10 millones de euros y sin llegar a terminar el proyecto.

A instancias de una proposición presentada por EH Bildu, los grupos de la oposición en las Juntas Generales han defendido que la Diputación vizcaína recurra la sentencia en favor de que el concurso sea declarado "culpable" con el fin de tener más posibilidades de recuperar los 2 millones de euros de ayudas que el ente foral destinó al fallido proyecto.

El PP ha puesto de manifiesto la intención de la Abogacía del Estado de recurrir la sentencia y, como el resto de miembros de la oposición, ha considerado que la Diputación debiera hacer lo mismo.

Los grupos del PNV y PSE-EE, socios en el gobierno de la Diputación Foral, han rechazado la proposición al considerar que deben ser los servicios jurídicos del ente foral los que deben estudiar y argumentar con rigor un eventual recurso, para cuya presentación hay de plazo hasta finales de este mes.

Desde el PNV, se ha pedido respeto a la sentencia y se ha insistido en que a quien corresponde analizar el asunto es a los expertos de los servicios jurídicos de la institución.

También el PSE-EE ha defendido que "no deben ser las Juntas Generales las que den la instrucción a la Diputación, sino los propios servicios jurídicos".

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