La presunta estafa piramidal de Arte y Naturaleza queda vista para sentencia

La Audiencia Nacional ha dejado visto para sentencia el juicio al expresidente y fundador de la empresa de inversión en bienes tangibles Arte y Naturaleza, Guillermo García del Toro, y otros diez acusados por la presunta estafa piramidal valorada en 436 millones que afectó a más de 19.000 clientes.

La Fiscalía Anticorrupción, que sólo presentaba cargos contra seis de ellos, solicitaba en el escrito de acusación 20 años de prisión para García del Toro como autor material de estafa continuada, insolvencia punible, falsedad contable y de tres delitos contra la Hacienda pública.

En la sesión inaugural, celebrada en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares a comienzos de junio, el fundador de Arte y Naturaleza aseguró que la empresa no se dedicaba a captar ahorros sino a la compraventa de obras de arte, y cargó contra su director comercial, Andrés Macho, por extralimitarse en sus funciones y tomar algunas decisiones "desastrosas".

Junto a ambos, formaban parte de la causa los consejeros de la empresa Raúl García López y Fernando Carrera Correa, el auditor Francisco Vives Lluria, y la propia hija de García del Toro, Alba, entre otros.

Para todos ellos la asociación Adicae, personada en la presente causa como acusación particular, solicita al tribunal, presidido por el juez Alfonso Guevara, penas de entre 21 y 17 años de cárcel, una condena que rebaja hasta los cuatro años en el caso de Francisco Vives.

En un comunicado, la plataforma de afectados reclama que los responsables de Arte y Naturaleza, a quienes atribuye estafa agravada, falsedad documental, insolvencia punible, delito contra los derechos de los consumidores y blanqueo de capitales, "al menos paguen con cárcel el fraude cometido".

Además, ha afeado a los acusados su "sobreactuación" durante el juicio, especialmente la de García del Toro, que en su comparecencia ante la sección tercera de la sala de lo Penal aseguró no tener conocimientos de contabilidad, un alegato con el que, según la asociación, se hizo pasar por "una víctima desvalida y sin recursos para dar pena".

Al margen del proceso penal, los afectados esperan que el nuevo Ejecutivo entrante aplique la solución política aprobada en el Congreso por unanimidad de cara a recuperar su inversión, un dinero que "no llegará ni por la vía judicial ni por la administración concursal, que tras diez años ha dilapidado el valor de los bienes de la empresa", aseguran.