¿Gastamos de más? Una defensa de las Comunidades Autónomas

"Guerra es paz", "libertad es esclavitud", "ignorancia es fuerza". Son los eslóganes de la sociedad que George Orwell dibuja en[…]

"Guerra es paz", "libertad es esclavitud", "ignorancia es fuerza". Son los eslóganes de la sociedad que George Orwell dibuja en "1984", una novela imprescindible a la que peligrosamente se comienza a parecer nuestra sociedad. En el capítulo anterior de la serie "desmontando mitos", hablamos de los salarios. En éste, intentaremos investigar si efectivamente el Estado español es derrochador y se merece aplicar la tijera con tanta contundencia.
Los fundamentalistas anti-Estado han dado la vuelta a la tortilla y, ahora, la idea fuerza es: "El exceso de deuda es el sector privado, pero quien tiene que recortar es el sector público". En cristiano: los bancos y los promotores cometieron errores de gestión y quienes están al frente de los servicios de estudios de unos (sobre todo) y de otros, acusan al Estado de despilfarrar, de llevarnos a la ruina, etc. Argumentos sobrecargados de ideología. Sin duda. Y con muy poquito fundamento en los datos. Afortunadamente, las cifras, las estadísticas, están ahí, a la vista de todo el mundo, para que no nos confundan: la deuda pública española sobre el PIB no llega al 70 por ciento; la deuda privada supera el 200 por ciento. La deuda pública española está por debajo de la media europea. La deuda privada, por encima. 
Una cruzada contra las autonomías
En este ataque feroz a lo público de esos a quienes el calificativo de "liberal" les viene grande, el siguiente objetivo a derribar es el Estado de las Autonomías, el feliz resultado de ese encaje de bolillos que los padres de la Constitución idearon para comenzar a resolver el problema que llevaba enquistado en España al menos desde que se casaron los Reyes Católicos, en el siglo XV. Los que aceptaron a regañadientes, los que directamente votaron en contra de la Constitución en el Parlamento -indaguen, indaguen, de vez en cuando conviene desempolvar la memoria- y los partidos de nuevo cuño con poco programa al margen de la "cuestión nacional" quieren aprovechar esta oportunidad para acabar con algo que nunca les gustó. Dicen: el Estado español derrocha y la culpa la tienen las Comunidades autónomas. Acabemos de una vez con ellas.
El Estado español no gasta más que otros europeos, sino menos
Según los últimos datos de Eurostat, el gasto público de España (45,6 por ciento del PIB en 2010) está al nivel de países como Polonia, República Checa y Letonia. Sólo hay un grupo por debajo del de nuestro país y está compuesto por países como Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, entre otros de los del antiguo bloque soviético al que se "engañó" desde la Vieja Europa para que fueran más papistas que el Papa en esto del capitalismo, además de Suiza. España gasta menos que la austera Alemania (47,9%) y del Reino Unido post-Margaret Thatcher (50,4%). Y muchísimo menos que Francia, donde el gasto público sobre el PIB es de un 56,6% o de Finlandia y Suecia, en los que también supera ampliamente el 50%.
¿Duplicidades? Las autonomías se llevan la parte del león del gasto, pero en otros países es el Estado central y, en un tercer grupo, los ayuntamientos: depende de la estructura del Estado.
 
La potencia de Eurostat permite analizar quién es el responsable del gasto en cada país: ¿Es el Estado central? ¿Las autonomías? ¿O son los ayuntamientos? En el caso de España, está claro: como es uno de los Estados más descentralizados del mundo, el porcentaje sobre el PIB que gastan las comunidades autónomas es, con un 17,1%, muy superior al de la media comunitaria (12,2%), donde imperan los estados centralistas. Pero también está por encima del de Alemania (13,1%), que es un Estado federal.
A cambio, el porcentaje del PIB que gasta en España el Estado central o, como vulgarmente se dice, Madrid, de un 19,1%, es inferior al de la media comunitaria, que se sitúa en el 28,3 por ciento. Pero está casi tres puntos por encima de Alemania. Pero el gasto de los ayuntamientos es inferior en España que en Alemania, con un 7,2% frente a un 8%.
Podemos sacar la conclusión de que España es un Estado muy descentralizado en el gasto: las comunidades autónomas son las principales encargadas de prestar los principales servicios públicos, algo que demostraremos un poco más adelante cuando hablemos de los funcionarios. No hay tanto despilfarro.
Un caso singular en Europa lo constituyen los países nórdicos, donde la carga fundamental del gasto público la asumen los ayuntamientos. Por ejemplo, en Suecia, las entidades locales son responsables de un gasto equivalente al 25,2% del PIB sobre un 52,7% del total. No es que los ayuntamientos sean unos manirrotos, lo que ocurre es que ellos prestan importantes servicios públicos.
En cambio, en Estados muy centralizados, como Irlanda, el Reino Unido, Grecia o Dinamarca, el gasto del Estado central es muy superior a la media.
Pueden jugar con este gráfico de Eurostat. Francamente interesante.
La culpa la tienen los funcionarios
Las comunidades autónomas, lo hemos visto, son responsables de la mitad del gasto público del Estado. Muchos dirán que es demasiado y que ello se debe a la sobrecarga de funcionarios. Como siempre, hay que ir a los datos. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas realiza periódicamente un boletín estadístico sobre este particular. Abra el enlace, verá qué interesante. El último se acaba de publicar en el mes de febrero y los datos corresponden al cierre del primer semestre de 2011. En esa fecha, en España había 2,69 millones de funcionarios, algo más de un 10% de la población activa que, según el Eurostat, supera los 23 millones de personas. Por ponerlo en perspectiva: en Alemania, el sector público emplea a 4,5 millones de un total de 41 millones de activos, lo que supone también algo más de un 10% de los trabajadores. En Francia la proporción sube un poco: de 28,5 millones de activos, 5,2 millones son funcionarios. Y, pese al estigma, tampoco Grecia es a la vista de las cifras un monstruo burocrático: con una población activa de 5 millones de personas, el sector público empleaba a finales de 2010 a casi 370.000 personas.
No parece tampoco entonces que España sea un país con un sector público enfermo de elefantiasis. Porque tampoco las comunidades autónomas parecen estar haciendo muchos excesos. Ocupan al 50% de los funcionarios, pero el grueso de los empleados públicos de las comunidades autónomas (más de un millón de funcionarios, hasta casi el 40% de todos los funcionarios del Estado) están empleados en sanidad y educación, dos áreas intensivas en el factor trabajo y cuya gestión está transferida a las Comunidades Autónomas. Las consejerías sólo emplean a 234.000 empleados, es decir, sólo un 9% del total de los funcionarios españoles.
 
Por lo tanto, decir que hay que elegir entre el Estado de las Autonomías y el Estado del Bienestar es una falacia. El Estado del Bienestar, hoy por hoy, está garantizado por las Comunidades Autónomas.
Las administraciones locales emplean a 646.000 trabajadores. De ellos, el grueso, corresponde al personal contratado por los ayuntamientos, 569.000. Las diputaciones, cabildos y consejos insulares sólo ocupan a 76.000 personas, es decir, sólo el 2,9% del personal de las administraciones.
La administración central ocupa a casi 600.000 funcionarios. De ellos, 127.000 pertenecen a las fuerzas armadas, 146.000 y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero, además, en esta partida hay que añadir la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, las cárceles y Patrimonio Nacional.
Dicen que hay muchas duplicidades. Pero quizá no haya tantas. Hay que racionalizar, sí, es verdad, pero partiendo de la razón y de las cifras, no de prejuicios jacobinos y centralistas que poco tienen que ver con la España real. Si es que queremos seguir viviendo en paz. 
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