Indra activa el protocolo anti conflictos para desatascar la operación con Escribano
Indra crea una comisión especial y aparta a los Escribano del proceso mientras el Gobierno estudia una nueva estructura para el negocio de defensa
Indra ha dado un paso más en el complejo proceso para analizar la posible integración con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
La compañía ha publicado este viernes, por indicación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el protocolo interno que regulará la operación, un movimiento que busca reforzar la transparencia y la gobernanza en una transacción marcada por el debate sobre los conflictos de interés y el papel del Estado en el grupo.
El documento, aprobado por el consejo de administración el pasado 30 de julio, establece que el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, asumirá como primer ejecutivo las funciones ordinarias de análisis, estructuración y eventual ejecución de la operación.
Con ello, Indra intenta dotar al proceso de un marco operativo claro mientras se mantienen las cautelas sobre el encaje societario y estratégico del posible acuerdo.
Una Comisión Ad Hoc para supervisar la operación
El protocolo también contempla la creación de una Comisión Ad Hoc, un órgano específico que tendrá la misión de supervisar las actuaciones relacionadas con la potencial integración.
Según el texto, la “especial circunstancia” en la que se desarrolla la operación aconseja un seguimiento reforzado, aunque sin comprometer la agilidad de las negociaciones.
Este paso busca responder a las dudas surgidas en el mercado desde que trascendió la posibilidad de que Indra adquiriera EM&E, empresa propiedad de Ángel y Javier Escribano, que además son accionistas relevantes y miembros del consejo de la compañía tecnológica y de defensa.
De hecho, el propio consejo ha identificado formalmente un conflicto de interés que afecta tanto al presidente ejecutivo, Ángel Escribano, como al consejero dominical Javier Escribano.
Ambos deberán ausentarse de las reuniones del consejo en las que se trate la operación, abstenerse de votar y no tendrán acceso a la documentación ni a los asesores vinculados al proceso.
El Gobierno busca una fórmula para mantener el control
En paralelo, el debate sobre la operación ha escalado al ámbito político y accionarial. Según Bloomberg, el Gobierno español habría planteado una alternativa que pasaría por trasladar los activos de defensa de Indra a una nueva filial, lo que permitiría avanzar en la consolidación del negocio sin alterar el control estatal sobre la matriz.
La propuesta, todavía preliminar, permitiría que Indra mantuviera el control de esa nueva sociedad, aunque otros socios podrían tomar participaciones. La idea se habría discutido con accionistas relevantes y se enmarca dentro de las distintas opciones que estudia el consejo para desbloquear la situación.
El Ejecutivo, a través de la SEPI, controla cerca del 28% del capital de Indra y quiere seguir siendo el principal accionista, especialmente en un contexto en el que el negocio de defensa gana peso estratégico en Europa. El temor a que la operación permitiera a la familia Escribano elevar significativamente su participación —actualmente cercana al 14%— ha generado reticencias dentro del Gobierno.
Presión de los accionistas y debate sobre gobernanza
La operación también ha dividido a los inversores. El fondo estadounidense Third Point, que ha tomado una posición en Indra, ha defendido públicamente la adquisición de EM&E y ha instado al consejo a seguir adelante con el proceso, argumentando que reforzaría el posicionamiento industrial del grupo en defensa.
Sin embargo, las dudas sobre la gobernanza han sido uno de los principales obstáculos. La doble condición de los Escribano —como vendedores potenciales y a la vez accionistas y consejeros de Indra— ha obligado a la compañía a extremar las medidas de control para evitar cuestionamientos sobre la independencia del análisis.
Por el momento, no existe una valoración pública de EM&E, aunque distintas informaciones del mercado sitúan su posible valor por encima de los 2.000 millones de euros, una cifra que subraya la dimensión de la operación y su impacto potencial sobre la estructura del grupo.
Una decisión clave para el futuro de Indra
El escenario sigue abierto. Indra ya ha explorado en el pasado operaciones corporativas de gran calado —como la posible escisión de Minsait— que finalmente no llegaron a materializarse debido a la complejidad operativa y estratégica. En el caso actual, la integración de activos de defensa presenta retos adicionales, ya que existen proyectos, sistemas y equipos compartidos con otras áreas del grupo.
Mientras tanto, la publicación del protocolo supone un intento de ganar tiempo y credibilidad ante el mercado, dejando claro que el análisis seguirá un proceso formalizado y supervisado.
La decisión final, sin embargo, dependerá de un delicado equilibrio entre intereses industriales, exigencias de gobernanza y el objetivo del Estado de mantener el control sobre un actor clave para la industria de defensa española. En un contexto de creciente consolidación europea del sector, el desenlace de esta operación podría marcar el rumbo estratégico de Indra en los próximos años.
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