Fondo de EEUU notifica a Perú intención de arbitraje por bonos de años 60

Perú recibió una notificación preliminar bajo el tratado de libre comercio con EEUU relacionada con supuestas compras de Bonos de la Deuda Agraria, emitidas en los años 60, por el fondo de inversión estadounidense Gramercy, anunció hoy el ministerio de Economía.

Dicha notificación con fecha 1 de febrero de 2016 va a nombre de Gramercy Funds Management LLC y de tres entidades aparentemente relacionadas, según un comunicado.

Perú "se defenderá enérgicamente con respecto a cualquier demanda internacional concreta", agrega el ministerio.

La fuente oficial explicó que los Bonos de la Deuda Agraria del Perú se originan por circunstancias históricas particulares del país a partir de 1969, en referencia a las expropiaciones de tierras hechas por el entonces gobierno militar, y son distintos de los bonos soberanos contemporáneos.

El Estado peruano ha desarrollado un procedimiento "razonable y transparente para el beneficio de los bonistas de los Bonos de la Deuda Agraria, de conformidad con la decisión del 2013 del Tribunal Constitucional y decretos relevantes", añade el ministerio.

Cualquier tenedor puede acogerse al procedimiento establecido para autenticar, registrar y actualizar el valor de sus bonos, y en la actualidad hay bonistas que ya están culminando etapas del procedimiento, según la nota oficial peruana.

El ministerio peruano señala que Gramercy es un fondo que compró los bonos especulativamente y ha elegido no participar en el procedimiento debidamente establecido bajo el derecho aplicable.

Además, acusa al fondo estadounidense de llevar a caco "una campaña mediática para su propio beneficio".

Por su parte, Mark Friedman, socio representante de Debevoise & Plimpton, firma de abogados que representa a Gramercy, señaló que "la Notificación de Intención de Iniciar un Arbitraje al Amparo del Acuerdo de Promoción Comercial entre EE.UU. y Perú impuesta por Gramercy es el inicio de un arbitraje internacional" por la presunta deuda impagada de 1.300 millones de dólares.

Con dicha notificación el fondo "está dispuesto a hacer valer sus derechos internacionales y a hacer responsable al Perú por la conducta deplorable que el gobierno ha demostrado ante el caso de los Bonos de la Reforma Agraria", expresó el abogado en un comunicado de la agencia Llorente & Cuenca en Lima.

La firma de inversión compró el 20 % de esos bonos a un valor no especificado y, con intereses acumulados y el ajuste de inflación, entre otras sumas, asegura que la cantidad se eleva a más de 1.000 millones de dólares, informó The Wall Street Journal en enero pasado.

Las autoridades peruanas dejaron de pagar esos bonos en 1992 en medio de una grave crisis de deuda en Latinoamérica, pero en 2014 aprobaron un decreto para abonar menos del 10 % de lo que reclamaban los tenedores de esos bonos.

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