La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha reclamado al Gobierno de Aragón y al Instituto Aragonés del Agua los documentos y expedientes relacionados con la adjudicación del contrato de gestión de cobro del impuesto de contaminación de las aguas a la empresa Servicios de Colaboración Integral (SCI).
Asimismo, en una nota de prensa la FABZ informa de que pide a dichas entidades los requisitos y condicionantes que debería conllevar esta adjudicación, así como los convenios de cesión de datos de carácter personal que legalmente se exigen en este tipo de servicios.
Pretenden con ello conseguir la información necesaria para comprobar que este procedimiento administrativo "cumple con la normativa y con la legislación de protección de datos de carácter personal".
En la reclamación presentada por la FABZ se señala que el contrato adjudicado a la empresa SCI tiene como último objetivo la gestión del cobro del ICA.
La empresa tiene entre sus cometidos girar la totalidad de los recibos para los municipios de Aragón que están dentro del sistema, un total de 750.000 recibos, sin Zaragoza, y más de 2 millones contando con la capital de Aragón.
Sus ingresos anuales con este contrato serían de 1,15 millones de euros "si logra recaudar el cien por cien de este tributo", es decir, 44 millones de euros sin contar la capital aragonesa, que irán directamente a las arcas del IAA.
Para la FABZ, un servicio tan importante para Aragón "debe de ser controlado y fiscalizado en todos sus términos por los organismos competentes".
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