Expertos creen que MiFid II aporta transparencia

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Los expertos del sector de fondos de inversión consideran que MiFid II, la nueva normativa que regulará los mercados financieros a partir de enero de 2018, aportará "transparencia" pero a la vez supondrá un "encarecimiento" del servicio.

Esta nueva normativa, en consulta pública hasta el lunes 18 de septiembre, obliga, entre otras cosas, a las empresas de servicios de inversión y entidades de crédito a comunicar al supervisor español de los mercados, la CNMV, los datos completos y exactos de las operaciones ejecutadas sobre instrumentos financieros.

La idea del ministerio de Economía es sustituir la actual normativa y reforzar la protección del inversor y no se han incluido nuevos supuestos para que las entidades puedan seguir recibiendo comisiones de terceros al vender a sus clientes determinados productos, especialmente fondos de inversión.

La entrada en vigor de MiFid II "limitará determinadas prácticas comerciales que han dado jugosos beneficios a los grandes bancos durante los últimos años" y "evitará que se vendan determinados productos a clientes no aptos", según los analistas de Self Bank.

Una opinión con la que coinciden los expertos de Inverco, que creen que MiFid II supondrá una mayor "democratización" de la inversión profesional, tanto en el acceso a productos como en la información disponible, ya que incluso los inversores minoristas contarán con gestores profesionales.

Añaden que, además, la normativa aporta "transparencia" porque obliga a "facilitar información", como cuánto paga el cliente al gestor y al distribuidor, aunque también consideran que esto producirá un "encarecimiento" del servicio.

Sin embargo, uno de los cambios que ha creado más polémica es que las entidades financieras tendrán que ofrecer productos de terceros y no solo propios, además de prestar un servicio de asesoramiento, para poder seguir cobrando las comisiones de gestión.

Una medida con la que el sector de comercialización de fondos no está de acuerdo y piden que se sume un supuesto adicional, el de reconocer a las gestoras que cuenten con una red de sucursales, una vía que parece difícil que sea finalmente incluida en la normativa.

"Si no se permite, las entidades se van a plantear si les conviene seguir comercializando fondos", ya que el acceso directo a productos de terceros resulta más costoso que cuando se trata de productos diseñados por la propia entidad, lo que aumenta los costes para las firmas comercializadoras, explican desde Inverco.

Por el momento ya son varias las gestoras que han decidido asumir los costes de análisis en lugar de repercutirlos sobre los fondos de inversión y por lo tanto en los inversores, evitando así su posible encarecimiento, entre ellas Deutsche AM, Allianz Global o AXA IM.

El próximo lunes 18 de septiembre concluye el plazo de audiencia pública que estableció Economía para la adaptación a la legislación española de MiFid II, y el siguiente paso es su aprobación en el Congreso.

La norma entrará en vigor en enero, fecha a partir de la cual las entidades dispondrán de un plazo de seis meses para adaptarse a ella.

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