Entra en vigor legislación cubana para frenar el "maltrato" al consumidor

La primera resolución legal cubana sobre la protección de los derechos del consumidor entró hoy en vigor con el objetivo de cubrir el vacío y la dispersión legislativa que existían en la materia y frenar las crecientes violaciones de los derechos del cliente, llamados en la isla "maltrato".

Esta normativa se aplica desde hoy, un mes después de su publicación en la Gaceta Oficial de la República, y se dirige a "las personas físicas y jurídicas que realizan actividades de comercio relacionadas con la venta de mercancías, servicios técnicos y personales, así como gastronomía y alojamiento".

La regulación, recuerda el diario estatal Granma, "establece los deberes y derechos de los clientes, y las obligaciones de los proveedores de bienes y servicios, ya sean del sector estatal o de los nuevos modelos de gestión (privada)".

Además, la resolución supone un paso previo a una futura Ley de Protección al Consumidor, agrega el rotativo.

Este nuevo reglamento intentará responder a los frecuentes reclamos de los consumidores en el país caribeño, que sobre todo se quejan del continuo "maltrato" de los vendedores, el incumplimiento de los horarios de venta, el desabastecimiento en las tiendas estatales, además de los precios y bienes adulterados.

A esto se une el alto coste de los productos frente a los reducidos salarios de la isla, que se sitúan en un promedio de 740 pesos cubanos (unos 29 dólares) al mes.

El nuevo reglamento estipula que los clientes deben recibir mercancías y prestaciones con calidad, tener garantizado el oportuno abastecimiento de bienes de primera necesidad y la protección de sus "intereses económicos", de modo que puedan adquirir artículos con "adecuada relación calidad-cantidad-precio".

Además, incluye el derecho a compensaciones por daños y perjuicios, y dispone vías y mecanismos para tramitar reclamaciones.

Según la normativa los clientes podrán exigir que se les dispense "un trato amable, transparente, equitativo, no discriminatorio ni abusivo en relación con las condiciones de calidad, cantidad, precio, peso, volumen, medida de los productos y servicios de cualquier naturaleza que adquieran".

Entre las denuncias más frecuentes que recibe el Ministerio del Comercio Interior (Mincin) figuran incumplimientos de los ciclos de la canasta básica subsidiada por el Estado, de los horarios, la no devolución de cambio, la "introducción de mercancías en establecimientos comerciales y el ocultamiento de estas para luego ofertarlas a los revendedores".

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