Venezuela, Argentina, Mozambique, Uzbekistán o Serbia son algunos de los países con los que España tiene el dudoso honor de compartir medallero entre los Estados con mayor número de demandas de inversores ante la corte internacional de arbitraje (CIADI), debido a cambios en su legislación que ellos consideran un perjuicio para sus intereses. Desde un punto de vista jurídico nada tiene que ver la situación que se vive en muchos de esos territorios con respecto al sistema de garantías que impera aquí. Pero el conflicto por los recortes a las renovables ha situado al país en el objetivo de los grandes grupos internacionales, convirtiéndole en el Estado con mayor número de casos acumulados en toda Europa.
Durante los últimos cinco años la escalada de demandas que han llegado a la Administración le ha llevado a registrar dos tercios de las peticiones de arbitraje presentadas por empresarios a los países de la UE, con 29 casos de los 43 gestionados por el CIADI. El peor ejercicio fue 2015, cuando recibió 15 peticiones de mediación sobre las 19 de toda la Unión. Desde entonces el número de demandas se ha ido reduciendo, pero España sigue liderando este ranking. El año pasado acumuló otras dos reclamaciones de inversores de las cinco de toda Europa.
Por detrás de España se sitúan otros dos países que también van sumando nuevos casos de arbitraje: Italia y Grecia. Son los territorios jurídicamente más conflictivos con los que los grupos empresariales pleitean por las decisiones que han tomado sus respectivos gobiernos y que, en la mayor parte de los casos, están relacionadas con las medidas de ajuste presupuestario que aprobaron para afrontar la crisis económica y que implicaron un drenaje en las cuentas públicas de esos países. Desde 2014 los italianos acumulan siete demandas y los griegos tres.
El 'liderazgo' español ante esta corte internacional se debe casi exclusivamente a las reclamaciones de los inversores que apostaron por las energías renovables y que vieron truncadas sus expectativas de rentabilidad a partir de 2013, cuando el Gobierno impuso recortes a la retribución esperada para quienes invirtieran en esta fuente de energía. El Estado ha reconocido que aún tiene ante sí 36 casos en los que se juega más de 7.600 millones de euros. Seis demandas ya han sido resueltas: dos a favor y otras cuatro en contra de la Administración.
El último revés a las tesis de España se conoció el pasado 19 de junio, al fallar el CIAD -que depende del Banco Mundial- que el Estado debía abonar una indemnización de 112 millones de euros al fondo Antin, que había invertido en plantas termosolares. La cuantía, no obstante, es casi la mitad de lo que reclamaba (218 millones). Lo mismo pasó en las otras derrotas de la Administración, dos con fondos -uno de Abu Dabi- y otra con la multinacional sueca NovEnergía, pues se les reconoció menos de lo demandado.
Balón de oxigeno
Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha dejado en el aire el sistema de arbitrajes intraeuropeo, al negar su legitimidad para dirimir conflictos entre empresas y Estados en el marco de tratados bilaterales entre socios comunitarios. «Supone un balón de oxígeno para España tanto para los procesos en curso como incluso en los resueltos en primera instancia», explica Carlos de los Santos, vicepresidente del Club Español del Arbitraje (CEA).
Si la Comisión Europea asume la doctrina del TJUE -el fallo es de marzo- España se podría librar de la mayor parte de las demandas de mediación que le han llegado, pues proceden de inversores europeos. En cualquier caso, tendría que hacer frente a las de empresarios ajenos a la UE. Carlos de los Santos aclara que España lidera la lista de países demandados «por la reforma energética», y no otras causas ligadas a la inseguridad jurídica del país.
Sin embargo, nuevos casos se atisban ya en el horizonte para que sean resueltos por las cortes de árbitros internacionales, como va a ocurrir con la demanda impulsada por el grupo de antiguos accionistas del Banco Popular liderados por el inversor mexicano Antonio del Valle. Consideran que la actuación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en la resolución de la entidad, que pasó en junio del año pasado a manos del Santander, les supuso la pérdida de 470 millones.
Acudir a los organismos internacionales de mediación es una herramienta «cada vez más utilizada» por las empresas, señala Carlos de los Santos. Sin embargo, nada les asegura que por usar este mecanismo vayan a tener ganada la batalla contra los Estados a los que reclaman dinero. Un reciente estudio realizado por el despacho de abogados Roca Junyent, el centro Comillas ICADE y la Association Corporate Counsel Europe (ACC) concluye que el 89% de las empresas españolas considera al arbitraje como el método idóneo para disputas internacionales.
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