La Junta de Castilla y León secunda al Gobierno en su intención de "endurecer legalmente las condiciones para que las centrales térmicas sean cerradas", y en esa línea han ido las alegaciones que ayer mismo ha presentado la Comunidad a la regulación en marcha.
Así lo ha anunciado hoy la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, durante su comparecencia hoy en las Cortes de Castilla y León para hacer balance en el ecuador de la legislatura.
La consejera ha explicado que ayer presentaron las alegaciones en el marco de la consulta previa abierta sobre el proyecto de real decreto por el que se pretende aprobar una nueva regulación del procedimiento de cierre de las instalaciones de generación de energía eléctrica, estableciendo condiciones adicionales a las reguladas.
Del Olmo ha insistido en la defensa del carbón y las cuencas mineras y que se garantice al sector un porcentaje anual definido y razonable del mix energético nacional de al menos el 4 %, en la línea de lo planteado por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera.
Ello exige que "las centrales térmicas continúen operativas, para lo que debe asegurarse la ejecución de los ajustes y mejoras que impone la directiva europea de emisiones", y esa línea se enmarca el apoyo al Gobierno para endurecer las condiciones de cierre de las térmicas.
En un amplio apartado dedicado a la minería, Del Olmo ha repasado las gestiones de la Junta en apoyo del sector, con medidas como el conocido como céntimo verde o el cumplimiento del acuerdo marco para la minería del carbón de 2013, desarrollado con 28 actuaciones de infraestructuras financiables en las comarcas de León y Palencia y que aún no se ha firmado en convenios específicos.
La consejera ha recordado que la Junta "viene reclamando la regularización de los fondos pertenecientes a los planes del carbón" tanto el de 1998-2005 como el de 2006-2012, que fueron "adelantados por la Comunidad en más de 70 actuaciones".
Para ello se han examinado hasta ahora más de cuarenta convenios y "siendo firme la decisión de acudir a los tribunales" en los casos en los que a juicio del Ministerio "no proceda a la regularización" y si "a juicio" de la Junta, ha apuntado.
Fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda han precisado que no se puede recurrir a los tribunales hasta que el Ministerio no reconoce que esa pérdida de derecho a cobro.
De los cuarenta convenios estudiados, por 43,8 millones, una docena, por 23 millones, ya cuenta con resoluciones de pérdidas de derecho a cobro, de los que Castilla y León ya ha recurrido cinco, por 1,6 millones, según las fuentes.
Trabajadores de Unión Minera del Norte (UMINSA) y de Hijos de Baldomero García (HBG) han reclamado hoy apoyo para la "gran manifestación" convocada para el próximo martes en Ponferrada (León) con el objetivo de exigir la compra de mineral autóctono por parte de las térmicas.
Los mineros han repetido hoy la protesta iniciada el jueves ante las puertas de la central térmica de Compostilla, en Cubillos del Sil (León), donde se han concentrado durante horas.
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