Audiencia apunta a "altos responsables" de CDC en cobros de comisiones del 4%

La Audiencia de Barcelona cree probado que el Palau de la Música sirvió para "enmascarar" el pago de comisiones de hasta el 4 % de la constructora Ferrovial, a cambio de que "altos responsables" de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) no identificados le aseguraran un "flujo constante" de adjudicación de obras públicas.

La sentencia sostiene que los extesoreros Carles Torrent, fallecido en 2005, y Daniel Osàcar, condenado a cuatro años y cinco meses, se convirtieron en la "clave de bóveda en CDC que permitía el entramado de cobro de comisiones a cambio de obra pública", entre ellas la construcción de la Ciutat de la Justícia o la línea 9 del metro.

Según la Audiencia, el "acuerdo criminal" para el pago de comisiones de Ferrovial a CDC "se mantuvo ininterrumpidamente desde los años 1999 hasta 2009" y requirió que los extesoreros, "por sí mismos o con el apoyo de otros altos responsables del partido no identificados", utilizaran su cargo para influir en políticos de la formación que estaban en "la posición administrativa decisoria (a nivel autonómico o local)" para adjudicar obras públicas.

El "entramado delictivo", añade la sala, requería que "miembros de CDC, como mínimo los responsables de su tesorería, se prevalieran de su posición política y orgánica en el partido para asegurar que los órganos decisores en materia de adjudicación de obra pública autonómicos o locales generasen un flujo constante de contratación favorable a Ferrovial y suficiente para cubrir las cantidades pactadas".

Para obtener obra pública durante los gobiernos de Jordi Pujol, Ferrovial y CDC pactaron, añade la sentencia, comisiones de habitualmente el 4 %, de las que el partido se quedaba un 2,5 %, mientras que otro 1,5 % se lo embolsaban los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull, en un reparto que era acordado por las tres partes.

La sentencia condena a Osàcar por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, al considerar que el entramado montado en el Palau no solo permitía "disfrazar, ocultar" el pago de comisiones, sino también "introducir dichos fondos en el tráfico económico como si fuesen de procedencia lícita".

En opinión de los jueces, de esa forma los encausados crearon "un entramado de facturación falsa mediante el cual consiguieron convertir aquellos fondos ilícitos en dinero convenientemente blanqueado y apto para uso alejado de sospechas".

En consecuencia, la Audiencia de Barcelona acuerda el comiso de los 6,6 millones que se embolsó en comisiones de CDC, partido al que considera "una de las tres partes que salió beneficiada del entramado criminal desde el minuto uno hasta su descubrimiento".

En ese sentido, subrayan los jueces que la entidad cultural que Millet presidía "no sufrió un perjuicio económico directo" por el pago de comisiones, "pues sus cuentas bancarias solo fueron utilizadas como puente entre Ferrovial y CDC, sin que ninguna de las partes, incluida la dirección del propio Palau, tuviera la más mínima intención de entregar dichas cantidades a éste".

El pago de comisiones ilegales a la formación se vehiculó, según el tribunal, mediante tres mecanismos: la firma de siete "convenios mendaces" de colaboración entre el Palau de la Música y la Fundación Trias Fargas -posteriormente rebautizada Catdem- de 1999 a 2008, entregas en efectivo al partido y pago de facturas por servicios inexistentes a través de empresas proveedoras de CDC que se prestaron a tal fin.

Los convenios con la Trias Fargas fueron "intencionadamente" ideados, sostiene el tribunal, para "ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero y situarlo así fuera del circuito económico legal", dado que con las entregas en efectivo el dinero "se hacía llegar a CDC directamente en negro".

La sentencia recuerda que, una vez estalló el escándalo del Palau, la Trias Fargas acordó con el Palau de la Música la devolución de 632.000 euros obtenidos en virtud de esos "convenios mendaces", en un acuerdo que fue "conocido, consentido y apoyado por CDC", que suscribió una carta a dichos efectos firmada por Daniel Osàcar y por Artur Mas, entonces secretario general de la formación.

Osàcar justificó ante el tribunal que el objetivo de esos convenios era difundir la cultura y la música catalana a través de los 600 ayuntamientos gobernados por CDC, pero la sala concluye que no hay "nada de nada" que acredite esa versión: "el vacío probatorio más absoluto, ni un solo documento que acredite una sola actuación, ni un solo alcalde o concejal que declarase como testigo...".

Para la Audiencia de Barcelona, a partir de la incorporación de Gemma Montull como directora financiera del Palau, en 2004, ésta "controló todos los mecanismos utilizados para el movimiento disimulado de fondos y contribuyó, intencionadamente, a su sofisticación", dado que se pasó de las entregas en efectivo a CDC, que cada vez fueron menores, al sistema de pago mediante facturas por servicios nunca prestados al Palau de la Música.

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