Una propuesta legislativa del PPdeG que pretende simplificar trámites para el desarrollo empresarial constituye un "auténtico cajón 'desastre'", alertaron hoy varias organizaciones medioambientales, sindicales y rurales.
La iniciativa "modifica por la puerta de atrás" varias medidas de control que sacrificarán garantías medioambientales, el interés general y la participación pública", indica un comunicado conjunto de la asociación ecologista Adega, del sindicato CIG y de las organizaciones rurales Fruga y Orgaccmm.
Esa propuesta legislativa "da patente de corso a las mineras y eléctricas para asaltar el territorio", indica la nota, en la que señalan que la presentación del texto con carácter de urgencia pone de manifiesto la intención de que "ninguna traba administrativa pueda obstaculizar el crecimiento de Galicia".
La citadas entidades advierten de que ese texto supone una "profunda modificación" de la legislación sobre minería, energía eólica, o sobre el sector forestal en el sentido de "reducir la participación pública e incluso el papel de otras administraciones" para tramitar proyectos que tendrán un impacto sobre el territorio.
Detallan algunos aspectos de la propuesta que consideran negativos para Galicia, entre ellos una rebaja de requisitos y monto de inversión para considerar estratégico un proyecto industrial, una reducción de trámites para instalaciones de energía eléctrica o medidas para favorecer la explotación maderera o el desarrollo de cultivos acuícolas en zonas protegidas.
Para la citadas entidades, el texto constituye "una desregulación de facto, que elimina cautelas ambientales y derechos de los administrados para otorgar patente de corso a empresas mineras y pastero-energéticas".
Añade que eso "socava profundamente el interés general modificando substancialmente la tramitación administrativa de determinados proyectos", de manera que la Consellería de Industria se convertiría en la práctica en un "supraorganismo, un sultanato que impone su criterio por encima de cualquier otra consideración".
Indica que en base a la "terminología recientemente empleada por -el presidente de la Xunta, Alberto Núñez- Feijóo, esta norma supone un 'golpe de estado' autonómico que sitúa la Dirección general de Energía y Minas como el segundo organismo con más poder sobre el territorio después del Consello de la Xunta".
La asociación Salvemos Cabana, una de las promotoras de una campaña contra la iniciativa de la multinacional canadiense Edgewater de explotar una mina de oro en Corcoesto, en el municipio coruñés de Cabana de Bergantiños, y que llevó a la Xunta a tener que renunciar a aprobar tal concesión, también emitió ayer críticas al texto del PPdeG.
Según esa asociación, el texto legislativo podría "convertir todo el territorio gallego en una suerte de parque industrial a costa otros sectores económicos tradicionales como la agricultura y la ganadería, fundamentales en el ámbito rural".
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