Recetas de Austria y Países Bajos para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones
Reformar el sistema de pensiones ha sido fundamental para que Austria y Países Bajos tengan un poder adquisitivo por encima del español
Siempre se ha criticado al sistema de pensiones español por ofrecer tasas de reemplazo muy altas, pero ¿hasta qué punto es cierto?
La tasa de reemplazo de las pensiones es el porcentaje que supone la pensión pública por jubilación de un país respecto al último salario cobrado por un empleado.
Es decir, si un empleado cobraba 1.000 euros y su pensión pública al jubilarse es de 800 euros, su tasa de reemplazo será del 80 por ciento.
España tiene una tasa de reemplazo neta cercana al 80 por ciento, una de las más generosas de Europa y también de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Para ponerlo en perspectiva, se puede resaltar que la media de los países de la OCDE es del 49 por ciento, mientras que la media de la Unión Europea es del 52 por ciento.
Países como Francia, Portugal, Alemania y el Reino Unido tienen tasas, respectivamente del 74,6 por ciento, 90,3 por ciento, 38,7 por ciento y 21,7 por ciento.
Los países europeos con mayores tasas de reemplazo
Dentro de la Unión Europea hay países que tienen una mayor tasa de reemplazo, que se pueden agrupar en dos corrientes. Estados como Portugal (con una tasa de reemplazo que supera el 90 por ciento), Grecia (en el 83 por ciento) e Italia por encima del 81 por ciento.
Estos países se caracterizan por tener sistema de pensiones parecidos al español, donde la parte pública representa la mayor parte de los ingresos que recibe el pensionista, mientras que la privada es opcional y sirve para complementar la pensión.
En cambio, hay otro gran grupo, liderados por Países Bajos, con el 89,2 por ciento, seguido de Luxemburgo, con el 88 por ciento, Austria, por encima del 87 por ciento, y Dinamarca.
Estos países firman una alta tasa de reemplazo como consecuencia de las reformas acometidas.
Por ejemplo, el sistema de pensiones de Holanda se basa en combinar pensiones públicas, con semiprivadas (generalmente propulsados desde las empresas) y privadas.
Es también muy conocido el modelo de Austria, "la mochila austriaca".
En este modelo, el empleado, a lo largo de su etapa laboral, recibe por parte del empresario una aportación anual en un fondo de capitalización y se reduce la indemnización cuando se realiza un despido.
Es algo parecido a un plan de pensiones porque ese fondo siempre es propiedad del trabajador y se lo va llevando allí donde esté. Este modelo favorece la contratación porque reduce los costes por despido.
Países con menor tasa de reemplazo
Por detrás de España destaca la tasa de reemplazo de Francia, que supera por la mínima el 74 por ciento, pero también Alemania y el Reino Unido.
En Alemania, se basa en un sistema mixto apoyado en tres pilares, con tres fuentes de prestaciones por jubilación, como sería un nivel básico obligatorio, es decir, un régimen de seguro de pensión legal.
Luego un nivel complementario voluntario de tipo ocupacional, es decir la previsión social empresaria y finalmente, a través pensión complementaria privada a título individual.
La pensión pública hasta ahora ha soportado un peso principal del sistema alemán de pensiones: representa ingresos medios de en torno a un 38 por ciento sobre el último salario, sobre una tasa de sustitución total, sumando las tres fuentes de pensiones, del 50 por ciento.
Por su parte, el sistema de pensiones británico, el automatic enrolment, vigente en el Reino Unido desde 2012, y que ha sido un éxito.
Se trata de obligar a los empresarios a inscribir automáticamente a todos los empleados que cumplan unos requisitos en algún tipo de plan o instrumento de pensiones.
Reducir la tasa de reemplazo pública
La reforma del sistema de pensiones en España de 2013 planteba que consecuencia reducir esa tasa de reemplazo por parte de la pensión pública (más años cotizados como exigencia junto a ampliar el cómputo).
Para evitar este pérdida del poder adquisitivo se cuantificó en una merma del 30 por ciento, que debería ser compensada por los futuros pensionistas con productos de ahorro privado.
