Pensiones e IPC obligarán a Escrivá a elegir: pacto de rentas o 120.000M€ para pagarlas

Los analistas independientes anticipan la encrucijada que el IPC y las pensiones plantearán al Gobierno: sin un pacto de rentas, costarán 120.000M€ al sistema

Una vez más, los expertos en pensiones apoyan a Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, frente al Gobierno de Pedro Sánchez.

En esta ocasión, la polémica está relacionada con la petición de Hernández de Cos de llevar a cabo un pacto de rentas para afrontar la subida galopante de la inflación (8,7 por ciento en mayo) en el que se incluiría las pensiones.

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Durante su comparecencia en el Congreso ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Hernández De Cos pidió "un acuerdo a nivel nacional" para moderar los márgenes empresariales, evitar subidas de los salarios al ritmo de la inflación e incluir en ese pacto las pensiones públicas.

Y es esta inclusión la que ha sembrado la polémica, ya que la indexación de las pensiones al IPC fue la medida estrella del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, recogida en la primera fase de la reforma de las pensiones y a la que no está dispuesto a renunciar. Con ella se comprometió a garantizar el poder adquisitivo de los jubilados ante una subida de precios.

Las críticas del gobernador del Banco de España al incremento de las pensiones en función de la inflación y a la primera fase de la reforma de las pensiones impulsada por Escrivá vienen de lejos.

Considera que con ella Escrivá no conseguirá los objetivos que se ha marcado: acabar con el déficit de la Seguridad Social y dar sostenibilidad al sistema público de pensiones.

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Un esfuerzo generalizado

Hernández de Cos afirma que, si no se acotan los márgenes empresariales, la subida de los salarios de trabajadores del sector público y privado y el incremento de las pensiones, se podría producir una "espiral inflacionistas que va a generar efectos reales todavía más negativos".

Por lo que respecta a las pensiones, argumenta que su vinculación al IPC disparará el gato en hasta 4,3 puntos del PIB de aquí a 2050, según proyecciones de la Airef y de Bruselas.

"Hoy somos más pobres que antes del incremento de los costes energéticos”, señaló, por lo que "hay una pérdida ineludible" y ante ella, “lo único que podemos hacer es repartirla".

Reparto con el que están de acuerdo los especialistas en pensiones. José Antonio Herce, presidente del Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, estima que una inflación como la que se prevé para este año "no la va a aguantar el sistema de pensiones".

"Cada punto porcentual de revalorización de las pensiones supone 1.600 millones de euros, seis puntos supondrían casi 10.000 millones de euros. Pero esa cifra se queda en la masa salarial de las pensiones durante toda la vida de los jubilados, por lo que se multiplican hasta 120.000 millones de euros en valor presente descontado. Es una barbaridad", reconoce Herce.

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Por ello, al igual que De Cos, apoya que un pacto de las rentas incluya las pensiones, ya que "si no es así, vamos a tener un problema descomunal".

En su opinión, "el mecanismo de revalorización de las pensiones debería ser simétrico, y cuando la inflación sea negativa la revalorización no se quede en el cero por ciento, sino que la caída sea compensada en las revalorizaciones de los años siguientes".

Repartir los costes de la inflación

También Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, considera "necesario" que el pacto de rentas integre las pensiones, con el objetivo repartir entre todos el coste de la inflación.

"Excluir a los pensionistas supone que el resto de colectivos tendrán que hacer un esfuerzo suplementario al que les correspondería", señala.

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Si no se toman las medidas propuestas por el gobernador del Banco de España, Escrivá logrará su objetivo de que los jubilados no pierdan poder adquisitivo, pero, según Devesa, esta inacción "contribuirá a incrementar la inflación futura, añadiendo más tensión al sistema de pensiones y lastrando el crecimiento del país".

Para solucionar el conflicto entre el Banco de España y el Gobierno, Devesa propone una respuesta intermedia recogida en la ley de reforma de las pensiones de 2021, que permite revisar cada cinco años si se han producido pérdidas de poder adquisitivo entre los jubilados y actuar en consecuencia.

Por ello, plantea: "No revalorizar las pensiones el próximo año tanto como suba el IPC e incrementarlas más adelante".

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