Jubilación

Ofensiva para mantener los incentivos fiscales a los planes de pensiones

El sector pide al Gobierno que no los suprima porque perjudicaría a 8,5 millones de ahorradores, pero Escrivá no está por la labor, dice que son caros y regresivos

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Jose Luis Escrivá.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Jose Luis Escrivá.

Preservar los incentivos fiscales a los planes de pensiones individuales es el objetivo que se han marcado la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa) y la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Para ello han solicitado que el Gobierno dé marcha en su decisión de reducir de 8.000 euros a 2.000 la aportación máxima a los planes de pensiones individuales con derecho a desgravación en el IRPF, que ha incluido en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Las tres asociaciones consideran que de llevarse a cabo esta media se verían perjudicados más de 7,5 millones de partícipes de planes de pensiones individuales y un millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA). De ellos, 3,2 millones son trabajadores por cuenta propia.

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“La encomiable intención del Gobierno de impulsar la previsión social complementaria en el ámbito empresarial en España no debe realizarse a costa del ahorro que destinan por su cuenta los particulares a reforzar su futura pensión”, señalan las asociaciones en un comunicado conjunto.

Hacen referencia a la decisión del Ejecutivo de aumentar las aportaciones a los planes de pensiones de empleo con derecho a deducción en el IRPF de los 8.000 a los 10.000 euros, en detrimento de los planes individuales.

Límites discriminatorios

Consideran que el establecimiento de diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social es “discriminatorio” para la gran mayoría de la población ocupada española.

Afectaría especialmente a las más de 3,2 millones de personas adheridas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social; así como a los empleados de las pymes, en las que el ahorro colectivo apenas está presente.

Por ello las tres asociaciones piden que se posibilite a la población ocupada que queda fuera de la previsión social empresarial que pueda acceder a sistemas de previsión individuales en las mismas condiciones y requisitos que cualquier otro trabajador.

“El sistema individual seguirá siendo necesario e imprescindible para todos aquellos que, como los autónomos, no puedan acceder al sistema de empleo por no estar las reformas desarrolladas”, señalan.

Ahorro a la baja

Unespa, Inverco y ATA argumentan que otro de los efectos indeseados que puede generar la reforma planteada por el Gobierno es que se reduzca el ahorro para la jubilación en el sistema individual.

Ponen un ejemplo: a razón de 2.000 euros por año, un autónomo podría acumular 80.000 euros si ahorra sistemáticamente durante 40 años de trayectoria profesional, más la rentabilidad que obtenga este dinero.

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Si se prorratea este importe durante los 20 años de esperanza de vida que restan una vez alcanzada la edad de jubilación, el resultado es una cuantía media mensual “insuficiente para complementar la pensión pública de un trabajador autónomo y garantizarle unos ingresos totales adecuados", indican.

Suprimir los límites

También piden que los limites anuales de aportaciones a sistemas de previsión social deberían suprimirse en lugar de minorarse y sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral, de tal forma que se pueda generar ahorro para la jubilación en función de la situación de cada trabajador durante su trayectoria sociolaboral.

Con esta petición hacen referencia a la situación de los autónomos cuyos ingresos derivados de sus trabajos son irregulares a lo largo de su carrera.

Seguir el ejemplo de otros países

Defienden su argumentación basándose en las medidas tomadas en otros países de nuestro entorno. Dicen que en prácticamente todos los estados de la UE y de la OCDE existen estímulos fiscales al ahorro y se conceden incentivos adicionales para la promoción y desarrollo de sistemas de previsión social, tanto empresariales como individuales.

Por lo que “la reducción drástica de la fiscalidad de los sistemas individuales en España contravendría la clara tendencia internacional y europea de estimularlos”, señalan las asociaciones.

Menos ingresos para Hacienda

La reducción de los incentivos también supondrá menores ingresos para las arcas públicas, ya que la fiscalidad de los sistemas de previsión social supone un diferimiento de la tributación, indica el comunicado.

La reducción en la base imponible del IRPF de las aportaciones a los planes de pensiones individuales se compensa más adelante con la tributación como rendimiento de trabajo de las prestaciones.

Por lo tanto, “toda medida destinada a reducir ahora las deducciones fiscales por aportaciones a instrumentos individuales de previsión social complementaria derivará en una reducción de los ingresos fiscales del Estado en el medio y largo plazo”, aseguran las tres entidades.

Oídos sordos

Todo hace pensar que la petición realizada por Unespa, Inverco y ATA podría caer en saco roto si se tienen en cuenta las declaraciones del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ayer en el Senado, donde dijo que el Estado deja de ingresar 1.700 millones de euros por los planes de pensiones individuales y que los que más aportan a ellos son los que más se benefician de esta medida.

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Según informó Escrivá, el 10% de los más ricos realiza el 66% de las aportaciones a planes de pensiones, cerca de 1.100 millones de euros sobre un coste fiscal de casi 1.700 millones y considera que los más ricos son los mayores beneficiados con los planes de pensiones individuales, a los que califica de "extraordinariamente caros, regresivos y mal diseñados fiscalmente".

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