Jaque mate a los planes de pensiones y a las sicavs

Los expertos aseguran que el objetivo del Gobierno al penalizar la fiscalidad de los planes de pensiones y de las sicavs es acabar con ellos, y creen que lo conseguirá

La arremetida fiscal del Gobierno contra los planes de pensiones individuales y las sociedades de inversión de capital variable (sicavs) está poniendo en peligro su supervivencia y muchos aseguran que ese es su objetivo.

Primero, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, puso el foco en los planes de pensiones individuales, que considera caros y poco eficientes, y en 2021 redujo de 8.000 a 2.000 euros el límite de las aportaciones a estos planes con derecho a desgravación en el IRPF, lo que supuso una merma del 75 por ciento.

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Este año los Presupuestos Generales del Estado (PGE) recogen otra rebaja de estos límites de 2.000 a 1.500 euros. Una nueva disminución del 25 por ciento, con lo que en dos años los límites se han reducido en 6.500 euros.

Se reducen un 41 por ciento las aportaciones

Y las primeras consecuencias ya se han dejado notar. Según datos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), la “drástica” disminución del límite de las aportaciones redujo el año pasado un 41 por ciento el volumen de aportaciones brutas a planes de pensiones individuales, hasta alcanzar los 2.539 millones de euros, muy alejados de los 4.314 millones logrados en 2020.

Ha sido la primera vez en la serie histórica en que las aportaciones fueron menores que las prestaciones, en concreto 92 millones menos.

En beneficio del macrofondo

"Si se mantienen estas medidas se producirá a medio plazo la desaparición de los planes de pensiones individuales o una gran reducción de su patrimonio, que es el objetivo que se ha fijado el Gobierno con el fin de que las pymes y los autónomos aporten al macrofondo de pensiones de empleo que está diseñando", asegura Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen).

También Miguel Ángel Menéndez, director del área de Wealth de Mercer España, cree que esa es la meta que pretende lograr el ministro de Seguridad Social, "acabar con el ahorro individual en planes de pensiones para incentivar los planes de empresa".

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Considera que "es muy probable que lo consiga", ya que al castigo fiscal se unirán las ventanas de liquidez aprobadas en 2015 que permitirán, a partir de 2025, rescatar libremente los planes de pensiones individuales con diez años de antigüedad y los rendimientos generados.

"Esto provocará muy probablemente la desaparición de los planes individuales o, al menos, su reducción de patrimonio. Lo que podría ocasionar a su vez un aumento de los gastos de gestión y de administración de las gestoras para mantener el mismo nivel de servicios, lo que acabaría terminando con estos productos", prevé Menéndez.

También Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, considera que "si el Gobierno no quiere eliminar los planes individuales le falta poco. Ya los ha dejado muy limitados".

Más de ocho millones de perjudicados

El recorte de incentivos fiscales perjudicará a 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y a casi un millón de ahorradores en planes de previsión asegurados (PPA), señalan desde Inverco.

Estos planes cerraron 2021 con un volumen de activos de 89.323 millones de euros y una rentabilidad media anual del 2,9 por ciento.

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Sicavs, las otras damnificadas

Las sociedades de inversión de capital variable han sido las otras perjudicadas por los cambios fiscales del Gobierno, tras aprobar la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que endurece los requisitos para que tributen al 1 por ciento en el impuesto de sociedades, uno de sus mayores atractivos.

A partir de este año solo podrán acogerse al incentivo fiscal del 1 por ciento las sicavs que tengan como mínimo cien socios con una inversión de al menos 2.500 euros cada uno.

Hecho que hasta ahora no se producía, ya que el 80 por ciento estaban controladas por un socio mayoritario, una familia o una empresa y el resto, hasta completar los 100 socios exigidos, eran ‘mariachis’, inversores de paja a los que no se les requería una inversión mínima.

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Los expertos calculan que la nueva normativa acabará con cerca del 80 por ciento de las 2.300 sicavs abiertas en España, que gestionaban a cierre de noviembre un patrimonio de 28.767 millones de euros.

«La inmensa mayoría cerrará, ya que ahora solo hay 30 que tienen más de 500 accionistas, que son de naturaleza traspasable y de vocación abierta. El resto tiene un accionista principal por lo que están abocadas a disolverse y a liquidarse», vaticina Enrique Cabanas, director de la red de agentes de Tressis.

Impuesto a la inversión

El apetito recaudador del Gobierno ha ido más allá. También se ha dirigido a la inversión en bolsa tras la implantación del impuesto sobre transacciones financieras, conocido como tasa Tobin.

Se trata de un tributo a la inversión que entró en vigor en febrero de 2021 y grava con un 0,2 por ciento las operaciones de compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros.

Abarca a 56 compañías, todas las cotizadas del IBEX 35, a excepción de Arcelormittal, por ser de nacionalidad extranjera, y a más 22 del Mercado Continuo.

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No salen los números

Pero en esta ocasión al Ministerio de Hacienda no le han salido las cuentas, como ya informamos en finanzas.com. Su objetivo era recaudar 850 millones de euros con este impuesto y, según datos de la Agencia Tributaria, Hacienda solo ingresó hasta noviembre 288 millones de euros, lo que supone el 33,8 por ciento de lo previsto para el conjunto del año.

Achacan este desvío a "errores" de cálculo, según manifestó Jesús Gascón, director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que ha reconocido que las estimaciones "fueron excesivas", aunque está convencido de que los ingresos derivados del impuesto aumentarán.

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