Jubilación. El Gobierno premia alargar la vida laboral

Las dos fórmulas vigentes para retrasar el retiro, la jubilación demorada y la jubilación activa, no funcionan, apenas un 5% de trabajadores están acogidos a ella

El déficit estructural de la Seguridad Social se ahonda. Este año está previsto que supere los 25.000 millones de euros, un 2% más que el año pasado debido a la crisis económica originada por la pandemia del coronavirus, según informó José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ante la Comisión del Pacto de Toledo.

Para frenar este déficit estructural del sistema, la comisión ultima las recomendaciones que se incluirán en la nueva reforma de las pensiones.

Pero urge una solución, y hasta que los distintos partidos políticos lleguen a un acuerdo, en el Ministerio de Seguridad Social se han puesto manos a la obra y están diseñando unas líneas de actuación con las que pretenden aumentar los ingresos al sistema y reducir los gastos.

Entre ellas destaca incentivar el retraso de la jubilación mediante bonificaciones a aquellos trabajadores que decidan voluntariamente prolongar su vida laboral.

En España la edad legal de retiro pasó en 2011 de los 65 años a prorrogarse hasta los 67 en 2027. Este año es de 65 años y 10 meses para aquellos que tienen menos de 37 años cotizados. No obstante, la jubilación real ronda los 64 años.

Actuales incentivos

En nuestro país ya existen incentivos para retrasar la jubilación, pero no funcionan. Según Escrivá, “hasta ahora han tenido poca aplicación práctica”,  por lo que se ha propuesto estudiarlos y averiguar los motivos por los que apenas son utilizados, para después diseñar un “sistema mejor”.

Las dos fórmulas con las que cuentan los trabajadores para prolongar su vida laboral, y que pueden cambiar tras la reforma de las pensiones, son la jubilación demorada y la jubilación activa, pero, como ha reconocido el ministro, apenas tienen adeptos, solo un 5% de los trabajadores.

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Jubilación demorada

Esta fórmula bonifica económicamente a través de la base de cotización a aquellos que deciden retirarse más tarde de su edad de jubilación, pero tienen que cumplir una serie de requisitos:

  • Haber cotizado como mínimo 15 años a la Seguridad Social.
  • Cumplir la edad mínima de jubilación obligatoria.
  • Tener menos de 70 años, ya que con más edad no hay posibilidad de acumular más cotización a la Seguridad Social.
  • Y no cobrar la pensión máxima.

A cambio de seguir trabajando ven incrementada un 2% su base reguladora por cada año más de cotización, si se tienen cotizados hasta 25 años.

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Si su cotización anterior a la fecha de jubilación demorada está entre los 26 y los 37 años, la pensión crece un 2,75 por ciento más por cada año completo jubilado.

Y con cotizaciones de más de 37 años, la prestación por jubilación aumentaría un 4 por ciento por año.

Jubilación activa

La otra modalidad es la jubilación activa que permite a los pensionistas que lo deseen volver a trabajar como asalariados o autónomos, pero para ello es imprescindible haber superado la edad de jubilación y contar con una carrera de cotizaciones completa.

Además, solo permite compatibilizar el 50% de la pensión con cualquier trabajo por cuenta propia o ajena. Esto es, el pensionista recibirá la mitad de la prestación reconocida cuando se reincorpore al trabajo, y recuperará el importe original de la pensión cuando finalice su contrato.

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A pesar de sus ventajas, la jubilación activa no está muy extendida en España. Según datos de la Seguridad Social, en 2018 solo 50.000 personas estaban acogidas a esta fórmula. Mientras que en noviembre de 2019 -el último dato de que se dispone- alcanzaban las 58.500.

Partidarios

Además del ministro Escrivá, desde el Banco de España también creen que este tipo de medidas son óptimas tanto para el sistema público de pensiones como para los trabajadores.

Consideran que con ellas la Seguridad Social reduciría su déficit al tener que desembolsar menos dinero al retrasar el pago total de las pensiones de esos trabajadores y al seguir recibiendo cotizaciones sociales por ellos, y los jubilados podrían seguir trabajando, si es su deseo, y recibir unos ingresos más altos de los que les corresponderían por sus pensiones.

También Isabel Casares, secretaria general de la Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN), cree que la jubilación activa supone un gran beneficio tanto para las empresas como para los trabajadores, y es una "gran opción" para poder mantener nuestro sistema de pensiones de cara al futuro.

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En su opinión, “a los trabajadores les permite garantizar las pensiones, a la vez que pueden mantener su actividad laboral y, sobre todo, sus ingresos. Mientras que los empresarios consiguen llegar a acuerdos que evitan despidos, prejubilaciones, jubilaciones anticipadas y ERES, lo que genera un beneficio importante para nuestro sistema”.

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