Jubilación

Jubilación. Más de 6 medidas para salvar las pensiones que Calviño no tomará

El coste electoral que supone la reforma del sistema público de pensiones frena el alcance de la actuación del Ejecutivo. Entre las medidas destacan retrasar la jubilación, vincularla a la esperanza de vida y reducir la tasa de sustitución

Reducir la tasa de sustitución contribuiría a sostener las pensiones

«Las pensiones están absolutamente aseguradas en España», manifiesta el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Pero su tajante afirmación es muy cuestionada por expertos y políticos, que creen que si no se emprenden cambios estructurales en sistema público español de pensiones, éste acabará siendo insostenible. 

Y las cifras les dan la razón. En los últimos 10 años, las cuentas de las pensiones arrastran un déficit continuado que asciende a 116.640 millones de euros y ha habido años en que dos de las 14 pagas, las extraordinarias, se han pagado gracias a la concesión de créditos procedentes de los presupuestos generales del Estado.

En el 2020, el Gobierno ya ha aprobado dos: uno en abril de 13.800 millones y otro en mayo por valor de 14.000 millones. También la hucha de las pensiones está en caída libre y solo quedaban a principios de este año 2.150 millones de euros, una cifra muy inferior a los máximos de 66.815 millones que atesoraba en 2011.  

Y las perspectivas para este año van a peor.

Según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la Seguridad Social cerrará este año con un déficit de entre 56.000 y 68.000 millones de euros, según de grave sea la crisis. Una caída muy superior a los 16.000 millones con los que cerró 2019.

Este descenso estará causado por el aumento del desempleo y la consiguiente bajada de los ingresos por cotizaciones sociales. Según datos de la Comisión Europea, España puede perder este año 1.737.000 empleos, lo que supondrá un 9 por ciento menos de cotizantes a la Seguridad Social.

Para evitarlo, Tomás Cabezón, diputado del PP, apoya la creación de un marco reformista, en el que participen los sectores productivos, que potencie el crecimiento económico, la creación de empleo y aumente los ingresos de la Seguridad Social con los que se garantice el sistema público de pensiones.

«El Gobierno debería tener como prioridad absoluta la creación de empleo, pero está más preocupado por salvar a Sánchez que por salvar los puestos de trabajo», asegura.

Miedo a las urnas

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Las cuentas no salen y para evitar la quiebra del sistema público de pensiones, el Gobierno español debe reformarlo con el objetivo de aumentar los ingresos y reducir los gastos, señalan los expertos.

Para ello tiene que aprobar una serie de medidas que no gustan ni al Ejecutivo, porque pueden costarles muy caras en las urnas, ya que más de nueve millones de pensionistas son muchos votos, ni a los jubilados que verían mermados sus ingresos. 

«Este Gobierno se muestra remiso a reformar las pensiones por el coste electoral que ello conlleva y por razones  ideológicas, debido a que para una parte del Gobierno las pensiones son un derecho prácticamente universal que no puede verse afectado por la ausencia de recursos en el sistema», asegura Gonzalo Núñez, profesor del Centro de Estudios Financieros y director del departamento laboral de Bardají/Honrado Abogados.

María Muñoz, diputada en el Congreso de Ciudadanos, considera que al Gobierno le «falta valentía, ambición y unos socios fiables para tomar estas medidas».

En su opinión, «necesitamos un Gobierno que priorice el interés del país frente a lo que le dicen las encuestas, porque España tiene un reto en materia de pensiones y hay reformas como esta que no pueden esperar». Si el Gobierno espera mucho para implantarlas, el agujero de las pensiones podría expandirse sin freno a partir de 2027 cuando empiecen a jubilarse los baby boomers y el número de pensiones aumente de los 9,7 millones actuales a los 15 millones en 2050.

Seis son las medidas «urgentes y estructurales» que necesitan acometerse para dar solvencia al sistema público de pensiones:

Medida 1: desviar gastos a los presupuestos

La Seguridad Social podría reducir su déficit si se desvían a los presupuestos generales del Estado determinados gastos que ahora afronta, como los relacionados con las medidas de fomento del empleo, los costes de los permisos de paternidad y maternidad, el pago del desempleo no contributivo o las nóminas de las pensiones de orfandad y viudedad. Estos desvíos podrían ahorrar a la Seguridad Social 18.000 millones. 

Sobre la posibilidad de incluir las pensiones en los presupuestos generales del Estado, Cabezón cree que «es importante separar las fuentes de financiación del sistema y lo que no sea afecto a la Seguridad Social vaya a cargo de los presupuestos».

Medida 2: retrasar la jubilación

Otra medida que demandan y que baraja el Ministerio de Seguridad Social es incentivar el retraso de la edad real de la jubilación.

En España la edad legal de retiro pasó en 2011 de los 65 años a prorrogarse hasta los 67 en 2027, pero la jubilación real ronda los 64 años, por lo que, según Escrivá, «si conseguimos que la edad de jubilación real se aproxime más a la legal podremos abordar el futuro con mucha tranquilidad».

Este retraso se hace más necesario, si cabe, debido a que la esperanza de vida en España es de 83 años, y se estima que aumente de 3 a 4 meses por año, por lo que, según Mariano Jiménez, presidente de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), para que esto no afecte tanto a las pensiones «debería penalizarse la jubilación anticipada o crear incentivos a la prolongación de la vida laboral a través de la jubilación activa o de la compatibilidad del trabajo y la pensión».

Medida 3: bajar las pensiones 

Entre las reformas que se deberían acometer para hacer más solvente el sistema y que el Gobierno rechaza de plano se encuentra la bajada de las pensiones.

Según Escrivá, el compromiso del Gobierno es mantener el poder adquisitivo de las pensiones, y no solo ha optado por no bajarlas, sino que desde enero las ha subido un 0,9 por ciento y las ha actualizado con el incremento del IPC, esta revalorización tendrá este año un coste de 1.406 millones.

A juicio de Núñez, «bajar las pensiones tendría tal coste político que ningún Gobierno se arriesgaría a hacerlo».

También cabría plantearse, tal como hacen otros países, combinar la revalorización con otros indicadores como el crecimiento de salarios o del PIB, apunta Jiménez.

Medida 4: factor de sostenibilidad 

Una de las medidas más demandada al Gobierno español por organismos internacionales y que este no ha tenido en cuenta hasta ahora es adecuar la pensión que se va a cobrar a la esperanza de vida del jubilado, también conocido como factor de sostenibilidad.

De modo que una mayor esperanza de vida genere una disminución de la pensión que se fija en el momento de la jubilación.

«Cada vez vivimos más y nuestros hijos tendrán una esperanza de vida de cien años, por lo que, si no ligamos a ella las pensiones, el déficit estructural que va a sufrir el sistema será enorme», dice Miguel Ángel Menéndez, director de Previsión Social en Mercer España.

Medida 5: reducir la tasa de sustitución 

A esta medida se suma la de reducir la tasa de sustitución -el porcentaje del salario que cobra el trabajador cuando se jubila- y que en España ronda el 83 por ciento de media, 20 puntos porcentuales más alta que la media de los países de la OCDE.

Desde este organismo han advertido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que, si no se frena, podría alcanzar el 90 por ciento del salario en los próximos años. La pensión media de jubilación ascendió en mayo a 1.160,6 euros, el 2,02 por ciento más respecto al año pasado.

Medida 6: contabilizar toda la vida laboral 

Una de las reformas que ya se introdujo en el 2013 fue aumentar el número de años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, de modo que, si en el 2012 se computaban las bases de cotización de los últimos 15 años de la vida activa, en el 2022 serán las correspondientes a los últimos 25 años.

Pero hay que ir más lejos, apuntan los expertos, por lo que sería razonable que se tuviera en cuenta todo el periodo de cotización para determinar la cuantía de la pensión que se percibe. 

De hecho, el sistema anterior al actual era menos equitativo en el sentido de que, al tomar en consideración un menor número de años se daba el caso de que trabajadores que habían contribuido menos al sistema en sus primeros años de trabajo y aumentaran sus ingresos al final de su vida laboral, generaran una pensión mayor al considerarse solo los últimos años.

Mientras que trabajadores que perdían su empleo cerca de la jubilación veían disminuida su base de cotización, percibiendo una pensión menor que no se correspondía con la base por la que habían cotizado durante la mayor parte de su vida laboral.

«Tomar en consideración toda la vida laboral corrige estas desviaciones del sistema», apunta Núñez.  

Otras medidas

Junto a estas, otras reformas que, según Jesús Pérez, profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), habría que implementar son: informar a los cotizantes actuales de la pensión pública estimada cuando se jubilen, ya que de esta forma el trabajador podrá aumentar su ahorro privado, y hacer obligatorios los planes pensiones de empleo. 

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Por el momento, todo parece indicar, que el Gobierno hará caso omiso a estas recomendaciones. En principio no se espera que la reforma que la vicepresidenta Nadia Calviño lleve a Bruselas sea de gran calado porque el Gobierno dice que las pensiones están «aseguradas».

Una afirmación, según Muñoz, «un tanto tramposa con un significado ambiguo» porque «si lo que dice es que las pensiones están garantizadas porque tienen el aval de los ingresos del Estado, sin duda lo están, pero si pensamos en las pensiones como parte de un sistema de la Seguridad Social, la necesidad de acometer reformas que permitan reforzar esa sostenibilidad se vuelve acuciante», asegura.

Por ahora, estas reformas solo podrían aplicarse si desde la CE presionan al Ejecutivo español a implantarlas como condición para recibir las ayudas con las que hacer frente a la crisis del coronavirus.

«Esta presión es factible, ya que, si este año no podemos pagar las pensiones y necesitamos dinero exterior para hacerlo, está claro que la CE condicionará esa ayuda a realizar estas reformas que nos vienen pidiendo desde hace años», predice Menéndez.

Porque según Pérez, lo que no hagan los políticos españoles por corregir estos desequilibrios lo harán los organismos internacionales como el FMI, el BCE o la Comisión Europea, que «velarán para que se les devuelvan los fondos que les pidamos».

Otra forma de implantar estas medidas sería mediante un consenso de todos los partidos políticos integrantes del Pacto de Toledo. «Estuvimos muy cerca de un pacto en la XII legislatura, pero Unidas Podemos se levantó de la mesa en el último momento rompiendo el acuerdo», señala Cabezón.

Este acuerdo permitiría, según Ciudadanos, garantizar unas pensiones «dignas y sostenibles», y posibilitaría realizar una reforma del sistema «necesaria», para la que hace falta «ambición, valentía y consenso».

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