UGT tilda a Cort de "incapaz" por el despido de 9 empleados de teleasistencia

UGT ha acusado a la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma de "incapacidad" y "nula predisposición" a solucionar la "desastrosa situación" generada mediante una adjudicación del servicio de teleasistencia de la ciudad que supone el despido de 9 trabajadores.

El servicio de teleasistencia de Palma, que hasta ahora prestaba Cruz Roja Española, pasa a ser gestionado a partir de hoy por la empresa Lireba como adjudicataria del concurso y supondrá el despido de los empleados que lo desarrollaban, ha explicado UGT en un comunicado.

El secretario de Política Institucional de la Federación de Servicios para la Movilidad y Consumo de UGT Baleares (SMC-UGT Baleares), Javier Marín, ha explicado que el traspaso "va a dejar en la calle a 9 trabajadores, ya que el autodenominado 'consistorio progresista', no contempló en los pliegos de condiciones del concurso la subrogación del personal que hasta el momento venía prestando el servicio".

Un traspaso de gestión que es una cuestión habitual en las concesiones administrativas, en esta ocasión supondrá el despido de los trabajadores.

"Estamos ante la actuación de un gobierno que se llena la boca con la elaboración de pactos locales para el empleo digno, con cláusulas sociales en la contratación pública y dialogo social y que esta ofreciendo desde una simple regiduría de ayuntamiento, actuaciones que conllevan todo lo contrario al discurso oficial", ha criticado Marín.

Según Marín, la regiduría admite la situación pero defiende su "idoneidad legal" y la "incapacidad política para arreglar el entuerto", algo que el sindicalista ha tildado de "una grave irresponsabilidad política por su parte".

La delegada sindical de UGT en Cruz Roja Española, Laura Priego, ha insistido en que la situación tiene como resultado "el desamparo de 9 personas que pasarán a engrosar las filas del desempleo" porque en virtud de las bases del concurso licitado por el Ayuntamiento de Palma, la nueva empresa no tiene ninguna obligación legal con ellos.

"Desde UGT consideramos gravísima dicha circunstancia, al considerarlo un retroceso y un atentado en los derechos de los trabajadores", ha declarado.

UGT ha exigido una solución rápida y digna para los 9 trabajadores y ha defendido su "profesionalidad probada, de difícil reposición, teniendo en cuenta el servicio que ofrecen" y que atienden a más de 1.200 mayores y dependientes.

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