Trabajo tendrá 6 inspectores más y abrirá un canal para denuncias anónimas

El Departamento de Trabajo reforzará la vigilancia contra el fraude en la contratación y sobre seguridad laboral al aumentar en seis la plantilla de inspectores y creará un buzón telemático para facilitar denuncias anónimas en estas materias.

Así lo ha anunciado la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, quien hoy ha desgranado en el Parlamento Vasco las principales líneas de actuación de su Departamento para esta legislatura.

El Gobierno reforzará la vigilancia a empresas -con especial atención a las pymes sin sindicatos y por tanto con menor control- para evitar fraude en la contratación, "combatir la discriminación salarial entre hombres y mujeres" y reducir la siniestralidad laboral.

Ha anunciado en este sentido un incremento del número de inspectores para mayo, cuando pasarán de 38 a 44, y ha explicado que cuando Euskadi asuma la gestión del régimen económico de la Seguridad Social -cuya transferencia ha vuelto a reclamar- se contará también con los inspectores que ahora dependen del Ministerio.

Se creará además un "buzón contra el fraude" que permitirá denunciar de manera anónima las "situaciones ilícitas" que los trabajadoras sufren en sus puestos.

Esta iniciativa está especialmente dirigida al personal de empresas pequeñas donde "la presión es mayor" y también a empleados con contratos precarios. De ahí, ha precisado, que se trate de un buzón telemático que permite el anonimato.

Otra de las prioridades de la legislatura es el impulso a un diálogo social "efectivo". Ha emplazado en este sentido a ELA y LAB a "reconsiderar" su ausencia de la Mesa de Diálogo Social y "primar la creación de trabajos dignos" y la reducción de la precariedad y la temporalidad "por encima de otras cuestiones".

La consejera ha adelantado que se centrará en impulsar la firma de convenios colectivos para dar cobertura a los 336.000 trabajadores vascos que los tienen prorrogados o decaídos. Actualmente, ha precisado sólo el 38,8 % (213.000 personas) cuenta con un convenio vigente en Euskadi.

Se ha comprometido además a presentar en el primer semestre del año que viene un proyecto de Ley de Cooperativas, que el Gobierno Vasco ya alumbró el año pasado pero que no fue aprobado por el Parlamento al concluir la legislatura, de manera que decayó.

San José ha apostado por que la economía social (centros especiales de empleo, empresas de inserción, fundaciones...) aumenten su peso en la economía vasca. En la actualidad este sector da empleo a 54.500 personas y representa el 6,12 % del PIB.

Preguntada por la distribución de las competencias de Empleo y Trabajo en dos departamentos diferentes -uno dirigido por Beatriz Artolazabal (PNV) y otro por ella (PSE)- San José ha defendido que "no se trata" de determinar qué políticas corresponden a cada consejería porque la creación de empleo es "una cuestión de todo el Gobierno Vasco".

Ha considerado además que la distinta ideología de ambas consejeras "no resta, sino suma" a este objetivo.

En materia de Justicia, ha reclamado la "transferencia íntegra" de la competencia de Instituciones Penitenciarias y ha avanzado que en este área tiene la "clara voluntad" de desarrollar una política en la que el "horizonte esencial" sea la reeducación y la reinserción de los reclusos.

La consejera ha exigido también las competencias sobre el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y sobre la "gestión completa del personal", lo que incluye ofertas públicas de empleo y traslados, entre otras cuestiones.

Ha anunciado que impulsará el expediente judicial electrónico para avanzar hacia la "oficina sin papeles", apostará por la mediación como "alternativa a la resolución de conflictos" -también en la jurisdicción civil- y desarrollará un programa en favor de las personas desaparecidas y sus familias.

Se mejorará también la atención a las víctimas de violencia machista mediante la creación de espacios en los edificios judiciales que eviten el contacto de estas con sus maltratadores.

La consejera ha prometido un régimen de asistencia jurídica gratuita "que atienda todos los supuestos de necesidad" de manera que se garantice "el acceso a la justicia de toda la ciudadanía".

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