Cemusa ofrece recolocar a 65 personas en el marco del ERE para 245 empleados
Cemusa, anteriormente propiedad de FCC y posteriormente adquirida por el grupo galo JCDecaux, ha presentado una nueva propuesta en la[…]
Cemusa, anteriormente propiedad de FCC y posteriormente adquirida por el grupo galo JCDecaux, ha presentado una nueva propuesta en la que se mantienen los 245 despidos, pero se propone que 65 personas causen baja voluntaria para luego contratarlas en otras firmas del grupo.
La empresa, que sostiene que con este plan de recolocaciones se rebaja en un 25 % el numero de afectados por el ERE, ha ampliado las indemnizaciones a 30 días por año trabajado y se ha mejorado el plan de recolocaciones externas, ampliando su duración hasta los 9 meses.
En un comunicado, señala que Cemusa está gravemente afectada por una situación económico-financiera muy negativa, que ha supuesto pérdidas continuadas desde 2012 de más de 200 millones.
Asimismo, insiste en que el patrimonio de Cemusa era negativo y ha precisado varias aportaciones de fondos por parte de FCC, que sigue generando pérdidas y que ha sido incapaz de rentabilizar muchos contratos, donde los ingresos no cubrían los costes.
En este sentido, lo justifica en el elevado importe de los cánones abonados a las entidades concedentes, en especial en aeropuertos, ayuntamientos e instituciones.
Por ello, la compañía asegura que necesita un plan urgente adaptado a la situación de mercado y a la crisis de la compañía que haga frente a "la más absoluta pérdida de competitividad y, por tanto, de futuro".
"Este plan no afectará en ningún caso al nivel de calidad, mantenimiento y obligaciones contractuales que tiene Cemusa", agrega.
Por su parte, los sindicatos sostienen que las recolocaciones en empresas del grupo JCDecaux se producirán siempre y cuando superen el proceso de selección que el grupo galo impondrá y con respecto al máximo de 12 mensualidades de indemnización, UGT asegura que no tiene ningún tipo de repercusión para el 70 % de la plantilla, ya que debido a su antigüedad, su tope es de 12 mensualidades.
Según el sindicato, esto demuestra que la empresa de mobiliario urbano va a continuar con toda la actividad, pero no quiere hacerlo con la plantilla actual, ni con sus condiciones laborales.
En este sentido, insisten que el expediente de regulación de empleo (ERE) -que afecta al 80 % de la plantilla- es desproporcionado y no se corresponde con la situación de la empresa y el grupo multinacional al que pertenece, al tiempo que pretende quedarse con la cartera de clientes, pero no con los trabajadores que llevan 20 años dando servicio a marquesinas, quioscos, aseos públicos y resto de mobiliario urbano dependiente de muchos ayuntamientos.