San Vicente llevará a fiscalía tres construcciones en suelo de protección

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig abrirá expedientes de restauración de la legalidad urbanística a tres construcciones en la partida de Boqueres sobre suelo no urbanizable de protección ecológica y los trasladará a la Fiscalía para determinar la existencia de posibles delitos.

En concreto, las parcelas están incluidas en el ámbito protegido Natura 2000, en la Zona de Especial Protección para las Aves (Zepa) Riu Montnegre, según un comunicado del consistorio.

Los expedientes, que se llevan a aprobación a la próxima Junta de Gobierno Local a propuesta de la concejala de Urbanismo, Mariló Jordá, se trasladarán al Ministerio Fiscal para determinar la existencia de posibles delitos contra la ordenación del territorio, y también a la Conselleria competente en materia de Agricultura y Medio Ambiente, señala la nota de prensa.

Las resoluciones parten de sus correspondientes actas de inspección urbanística emitidas por la Policía Local de San Vicente.

"En una de ellas se ha documentado la instalación de una edificación de madera ejecutada 'in situ', con un uso previsible de vivienda, ya que dispone de instalación de placas solares y calentador de agua y de una balsa desmontable", afirma el comunicado.

En otra, según el consistorio, "se denuncia la construcción de un vallado con bases prefabricadas del hormigón", así como "la instalación de una caravana y un depósito de agua".

La tercera resolución se ha dictado por "un vallado de malla metálica cinegética y postes metálicos, edificación de madera ejecutada 'in situ' para uso de vivienda, instalación de madera como almacén, instalación de caravana, depósito de agua, balsa y ejecución de escalera de madera", añade.

Jordá ha declarado que el ayuntamiento "vela por el cumplimiento de las normas urbanísticas" y ya tiene ultimados los expedientes contra estas edificaciones que "de forma ilegal", según la nota de prensa, se han levantado en una zona especialmente protegida como el Sabinar.

En los tres casos, la corporación municipal concede a los responsables de las edificaciones trámite de audiencia por plazo de un mes para presentar alegaciones.

El consistorio se ampara en la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana para trasladar el expediente a la Fiscalía.

También en esta zona de especial protección, la Policía Local ha levantado acta de un movimiento de tierras en un recinto acotado para el vuelo de drones.

La zona se ha vallado con cerramiento metálico sujeto con pies de hormigón y el ayuntamiento ha remitido esta acta a la administración autonómica.

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