Normas transitorias urbanísticas desbloquearán 130 millones de ? en Cartagena

La Comisión Mixta de Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de Cartagena han aprobado hoy las Normas Transitorias Urbanísticas del municipio, que pretende dar seguridad jurídica a inversiones de 130 millones de euros estancadas tras la anulación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de 2012.

El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) tumbó en febrero de 2017 la revisión exprés del PGMOU, que fue anulado en 2016 por el Tribunal Supremo, por lo que el municipio cartagenero se encuentra bajo la planificación urbanística de 1987.

A partir de este momento, se abrirá el periodo de información pública de las normas transitorias, tras el que el Consejo de Gobierno las validará definitivamente, si bien ni la Comunidad Autónoma ni el Ayuntamiento han querido dar un plazo para su entrada en vigor.

La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha reclamado al Gobierno regional que considere "prioritario" este asunto para que esté aprobado antes del próximo mes de abril para "desbloquear" la autorización de inversiones en el municipio.

En este sentido, la regidora ha concretado que tres empresas están interesadas en instalarse en el Valle de Escombreras, con proyectos que requieren de inversión de más de 30 millones de euros.

Además, hay 100 millones de euros pendientes, según Castejón, en el área metropolitana, entre ellas 13 promociones urbanísticas, con 600 viviendas contempladas, y que están "estancadas" por la "falta de protección" y de las "garantías legales".

Por su parte, la secretaria general de la consejería de Presidencia y Fomento, Yolanda Muñoz, ha remarcado que este documento resolverá "a corto y medio plazo", a la espera de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, las "dudas urbanísticas" que impedían el desarrollo urbano del municipio.

Muñoz ha subrayado que esta "figura excepcional y transitoria" está contemplada en la Ley del Suelo de 2015, por lo que estima que tiene la "máxima garantía jurídica" en caso de que haya personas físicas o jurídicas que puedan impugnarla, como ya ha ocurrido con la norma de 2012 y la revisión de esa planificación, tumbadas por la justicia.

Una vez entre en vigor, ha añadido la responsable de Fomento, se alcanzará un triple objetivo: garantizar la seguridad jurídica, recoger y proteger elementos medioambientales necesarios en suelo urbano, y preservar y potenciar la actividad económica y residencial a corto y medio plazo.

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