Ley de Sostenibilidad Energética supera la enmienda de totalidad en la Cámara

El Proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas, que plantea medidas para tener un ahorro de 700 millones en la factura eléctrica institucional en 2025, ha superado hoy la enmienda a la totalidad defendida por EH Bildu y continúa su trámite en el Parlamento Vasco.

Todos los partidos, salvo la coalición abertzale y el PP, que se ha abstenido, han votado en contra de devolver esta iniciativa al Gobierno autonómico, por lo que ahora se abrirá una ponencia para debatir las enmiendas parciales de los grupos.

La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha abierto el debate de este proyecto en el pleno de la Cámara y ha defendido su utilidad para que las administraciones públicas de Euskadi sean "responsables, ejemplares y referentes" en materia de eficiencia energética.

Desde EH Bidu, Mikel Otero ha opinado que la norma tiene carencias como la falta de un análisis "profundo previo a una transición energética" de las fuentes fósiles a las renovables.

"Se ha improvisado, no tiene medidas ejecutivas ni financiación", ha lamentado el parlamentario de la coalición abertzale, quien no obstante se ha mostrado dispuesto a trabajar "de forma crítica, pero constructiva" en la ponencia, donde defenderá más de 120 enmiendas parciales.

Desde el PNV, Unai Grajales ha defendido que las administraciones deben dar "un paso decidido" hacia un cambio de modelo energético y ha advertido de que si la enmienda hubiera prosperado "habría que esperar tres años para traer otro texto legal".

Además, ha considerado que la ley plantea medidas de eficiencia que tendrán efectos positivos y que se derivan del "trabajo técnico y de la experiencia" del Ente Vasco de la Energía (EVE).

En la misma línea, la socialista Natalia Rojo ha opinado que echar atrás el proyecto supondría "empezar de cero y perder tiempo" en un debate "importante y urgente".

Ha defendido que la ley es "necesaria, posible y oportuna", y se ha mostrado confiada en que se pueda alcanzar un consenso lo más amplio posible en la ponencia.

José Ramón Becerra, de Elkarrekin Podemos, ha reivindicado la necesidad de una ley para ahorrar energía y, aunque a su juicio el proyecto "no es bueno", ha admitido que abre "una oportunidad inmejorable para disponer de una norma".

Por ello, su grupo mantendrá una actitud constructiva a través de 78 enmiendas parciales para lograr un texto "ambicioso, aplicable, con financiación y con régimen sancionador" para que se inicie "la transición energética que necesita este país".

Por último, la popular Mari Carmen López de Ocáriz ha explicado que se han abstenido porque consideran que la enmienda de EH Bildu "tiene mucho sentido común" y porque, para el PP, los grupos que apoyan al Gobierno Vasco han hecho "otra enmienda a la totalidad con sus enmiendas".

Por todo ello, ha lamentado que se haya perdido una "gran oportunidad" de hacer un proyecto de ley que promueva las renovables y el ahorro energético.

La futura ley busca un ahorro de 700 millones en la factura eléctrica institucional para 2025 y para lograrlo el Departamento de Tapia estima que serán necesarias inversiones de 460 millones de euros.

Afectará a la administración autonómica vasca, a las diputaciones y a los ayuntamientos, instituciones que cuentan con 3.913 edificios y abonan el 30 % de la factura energética del sector servicios en Euskadi.

El proyecto recoge que todos los edificios deberán disponer de un Certificado de Eficiencia Energética en el plazo de dos años y que todas las administraciones tienen que elaborar un plan de actuación energética con un diagnóstico en el que se desglosen las fuentes de consumo y las medidas de sostenibilidad acordes a lo dispuesto en el proyecto.

Las entidades municipales deberán facilitar para 2025 que exista en cada municipio un punto de recarga de vehículos eléctricos por cada 2.000 habitantes.

También contempla que se avance de manera progresiva hacia el uso de transportes públicos con combustibles alternativos. Para ello, los pliegos de adjudicación tendrán en cuenta que el 100 % de la flota renovada deberá usar este tipo de combustibles a partir de 2020.

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