Las empresas de turismo activo necesitarán un seguro mínimo de 600.000 euros

Las empresas de turismo activo deberán contar obligatoriamente con un seguro de responsabilidad civil de, como mínimo, 600.000 euros por siniestro, así como adaptar sus actividades a personas con discapacidad, y contar con equipamientos homologados y monitores con titulación especializada, entre otros requisitos.

Así lo establece el nuevo decreto que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno para regular este sector turístico en auge y mejorar el nivel y las garantías de seguridad en este tipo de prácticas deportivas y de aventuras en la naturaleza, ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Noelia Arroyo.

En la actualidad, ha dicho, hay 135 empresas en la región dedicadas a este tipo de actividades, que en 2018 tienen previsto un aumento de visitantes, dentro del contexto del turismo rural del 10,2 por ciento respecto a 2017, cuando se registraron más de 52.600 viajeros, un 27 por ciento más que el ejercicio anterior.

El decreto, que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BORM, está dividido en 17 artículos que regulan tanto el ámbito de aplicación de este subsector turístico, como los requisitos de seguridad, los equipos y monitores o las actividades, entre otras.

Una de las principales novedades será la exigencia a todas las empresas que realicen este tipo de actividades de un seguro de responsabilidad civil que debe cubrir todos los posibles riesgos, con una póliza mínima de 600.000 euros por siniestro.

Hasta el momento, era obligatorio para estas empresas contar un un seguro, pero no se establecía una cuantía mínima, y el decreto puntualiza además que si en la contratación de estas pólizas se incluyen franquicias, no podrán superar los 600 euros.

En función de las actividades concretas que se desarrollen, las empresas deberán tener además seguros adicionales de rescate, traslado o asistencia, y las compañías tendrán un plazo de tres meses para adaptar sus seguros a estas nuevas condiciones.

La norma prevé también al adaptación y "ajustes razonables" para hacer accesibles estas actividades de aventura a personas con discapacidad.

En cuanto a la participación de menores de edad, se exige la autorización previa por escrito de sus padres o tutores.

El decreto fija también determinadas obligaciones en cuanto a los equipos y medios técnicos, que deberán estar homologados, y en cuanto a los guías y monitores, que deberán tener formación específica y titulaciones oficiales.

Los clientes deberán recibir información sobre los equipos, riesgos, condiciones físicas necesarias, duración de la actividad o preservación del entorno, y estarán obligados a seguir las instrucciones e indicaciones de la empresa.

El Consejo de Gobierno ha aprobado también hoy otro decreto que establece el régimen jurídico de los conciertos de plazas en residencias y centros de día para mayores y personas con discapacidad.

Según Arroyo, esta norma agilizará los procedimientos por los que la administración regional adjudica plazas concertadas a las entidades sociales que gestionan las diferentes residencias.

En la región hay unas 8.000 personas en plazas concertadas por la comunidad autónoma, que reciben servicio sociales públicos a través de estas entidades.

El decreto regula los baremos por los que la comunidad autónoma asigna las plazas a las entidades, que incluyen la experiencia del centro, sus certificaciones de calidad o sus buenas prácticas laborales.

En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una subvención de cerca de 7 millones de euros al Ayuntamiento de Lorca para llevar a cabo la reconstrucción del recinto ferial de la ciudad, ubicado en el barrio de Santa Quiteria, y que quedó afectado por los terremotos de mayo de 2011.

Los fondos, procedentes del préstamo del Banco Central Europeo, permitirán también finalizar la renovación urbana de ese barrio, dotándolo de mobiliario urbano y servicios.

En materia de sanidad, la ciudad del sol recibirá también una inversión cercana a los 1,5 millones de euros para obras de mantenimiento y mejora de los centros sanitarios de su área de salud, mientras que en el área de Cieza se invertirán otros 800.000 euros para el mismo fin.

En el hospital Rafael Méndez de Lorca se invertirán también más de 845.000 euros en nuevos equipamientos para su UCI y en reformas de su área de lavandería, y otros 865.000 euros para la compra de medicamentos exclusivos destinados a hospitales, en concreto, fármacos para adultos con sarcoma de tejidos blandos y con cáncer de ovarios.

Cerca de dos millones de euros se destinarán al servicio de acogimiento para 18 menores de edad tutelados por la comunidad autónoma, y el Ayuntamiento de Ulea recibirá más de 115.000 euros para prestar su servicio de ayuda a domicilio.

Por último, y entre otros asuntos, se ha aprobado una partida de 65.000 euros para ayudas a familias en riesgo de exclusión social para pagar el alquiler de su residencia habitual.

En 2017 se beneficiaron de estas ayudas un total de 137 familias en situación de vulnerabilidad, y las subvenciones serán gestionadas por las ONG Cáritas (40.000 euros) y Columbares (25.000 euros).

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