La Comunidad y el Ayuntamiento compartirán datos sobre vivienda protegida
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han firmado un convenio para compartir información sobre la adjudicación[…]
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han firmado un convenio para compartir información sobre la adjudicación de viviendas con protección pública que gestionan ambas administraciones, con el fin de "agilizar" estos procesos y "preservar el carácter social" de este tipo de inmuebles.
El convenio lo han suscrito concretamente la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento, según ha señalado el Gobierno regional en una nota de prensa.
Con él, las dos administraciones "intercambiarán información para conocer si los demandantes de este tipo de viviendas son titulares de algún derecho sobre otros inmuebles".
Y es que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de la capital han introducido en su regulación sobre adjudicaciones requisitos para evitar personas que ya tengan algún derecho sobre un inmueble puedan acceder a un piso protegido.
Así, para optar a las viviendas con protección pública gestionadas por la Agencia de Vivienda Social ninguno de los miembros de la unidad familiar solicitante puede haber resultado adjudicatario de vivienda pública en los diez años anteriores a la presentación de la solicitud ni ser titular de otra vivienda en todo el territorio nacional.
Por su parte, la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo exige como requisito para la inscripción en su registro permanente de solicitantes de vivienda que el demandante no esté ocupando una vivienda o inmueble de titularidad del Ayuntamiento de la capital, de la Comunidad de Madrid o de la propia EMVS.
En virtud de este convenio, ambas administraciones se comprometen a contestar las peticiones de la otra parte en un plazo máximo de 15 días y a "utilizar los datos facilitados única y exclusivamente para acreditar el cumplimiento de los requisitos mencionados".
El acuerdo, al que podrán sumarse los ayuntamientos y empresas municipales de vivienda de la región que lo deseen, "garantiza" la seguridad de los datos comunicados en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
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