Govern convocará el consejo de red de ATLL para frenar aumento tarifa de agua

La Agencia Catalana del Agua, a instancias del departamento de Territorio de la Generalitat, convocará en los próximos días un consejo de red de Aigües Ter-Llobregat de carácter extraordinario para "frenar" la subida de la tarifa del agua en 2018.

En un comunicado, el departamento de Territorio de la Generalitat ha asegurado que en esta sesión extraordinaria se analizarán "las posibles vías para suspender la subida de la tarifa de ATLL prevista para 2018 en aplicación del pliego de cláusulas que operaba el contrato de concesión".

Este anuncio de la Generalitat es consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal Supremo por el cual se anulaba la adjudicación de la gestión de ATLL a un consorcio liderado por Acciona.

El pasado 28 de diciembre el consejo de administración de la Agencia Catalana del Agua (ACA) aprobó aumentar el precio del agua que suministra Aigües Ter-Llobregat (ATLL) un 11,88 %, lo que encarecería el recibo del agua en torno a un euro en el área metropolitana de Barcelona.

La decisión se tomó con los votos a favor de los representantes de la Generalitat, que alegó que el contrato de concesión obligaba a ello.

En cambio, se opusieron a este aumento los representantes de los municipios, de los consumidores industriales y del área metropolitana.

Antes de conocer la sentencia del Tribunal Supremo, el pasado 16 de febrero el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y el Consorcio Besós-Tordera anunciaron impugnarían ante los tribunales el aumento del precio del agua del 11,8% aprobado por Aigües Ter-Llobregat (ATLL).

Tras el fallo del Supremo, el secretario general del departamento de Territorio, Ferran Falcó, y responsables de las asociaciones municipalistas ACM y FMC se han reunido hoy y han acordado convocar el consejo de la red de ATLL para "analizar las consecuencias de la reciente sentencia del Tribunal Supremo".

"La voluntad del departamento y de las entidades municipalistas es evitar el impacto que esto puede generar sobre la ciudadanía", dice la nota.

No obstante, todavía se desconoce qué impacto tendrá la sentencia del Supremo de ATLL sobre las finanzas de la Generalitat, ya que el Govern debe devolver de entrada a Acciona los 298,6 millones que abonó al hacerse con la adjudicación y se espera que el grupo empresarial reclame una indemnización.

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