Empleados de Turismo Andaluz protestan por el recorte de parte de su salario

Cerca de una treintena de trabajadores de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía se ha concentrado hoy en Málaga en protesta por el recorte de parte de su salario por la realización de tareas de superior categoría a petición de los responsables de la propia empresa.

Los empleados han portado una pancarta con el lema "Turismo Andaluz da la espalda a sus trabajadores" y han coreado lemas como "Javier Fernández (actual titular de Turismo y Deporte), Turismo está que arde" o "Al turismo una sonrisa y al currante se le pisa", para mostrar su malestar por la situación que atraviesan.

El conflicto se produce a raíz de una resolución dictada por la dirección de la empresa en 2014 -cuando la Consejería de Turismo estaba dirigida por IU- en la que se admitía que existían disfuncionalidades entre las funciones desempeñadas por estos trabajadores y su categoría profesional.

Desde entonces, los trabajadores han percibido los salarios correspondientes a esas funciones de superior categoría, hasta febrero de este año, cuando la dirección actual de la empresa les reclama la devolución de las cantidades percibidas en el último año -el resto ha prescrito- al determinar que existe un error administrativo en la resolución de 2014.

Según ha explicado a los periodistas Carmen Vigo, representante sindical y una de las trabajadores afectadas, la decisión de la actual dirección supone eliminar "casi un 30 por ciento del sueldo", a razón de un promedio de 4.000 euros por trabajador por trabajos realizados en el último año.

"Han intentado disfrazar que ya no hacemos esas funciones pero seguimos realizándolas", ha señalado Vigo, quien ha asegurado que esta situación afecta a la empresa, referente en promoción turística, y a otros compañeros por el aumento de las cargas de trabajo.

El consejero delegado de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte, Cristóbal Fernández, ha manifestado a Efe que la dirección ha actuado así para "cumplir la legalidad vigente", ya que la decisión adoptada en 2014 se hizo "de manera incorrecta", con un "déficit de tramitación administrativa".

Ha explicado que en enero de 2018 se recibió el informe definitivo de legalidad de la Intervención General de la Junta correspondiente a 2015, que ponía en conocimiento dicho déficit al otorgar a treinta trabajadores de la empresa unas funciones superiores a su categoría.

"Nos dice que esa decisión es nula de pleno derecho y no se puede mantener en el tiempo" y que hay que solicitar a los trabajadores las cantidades percibidas por ese concepto.

Por este motivo, los trabajadores afectados han dejado de percibir ese plus de funciones desde la nómina del pasado febrero y, posteriormente, se ha solicitado "de forma extrajudicial e individualizada a cada trabajador el reintegro de las cantidades recibidas y no prescritas, que son las del último año".

En esa petición se advierte de la posibilidad de acudir a la vía judicial en caso de que no abonen las cantidades reclamadas, algo que aún no ha hecho la empresa.

Por su parte, los trabajadores afectados han presentado una demanda contra la empresa, al considerar que las cantidades del salario que les reclama la empresa están consolidadas, un asunto que se resolverá en juicio el próximo octubre.EFE

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