El Gobierno tendrá que rescatar las autopistas de peaje quebradas

El Gobierno del PP deberá hacer frente a otro rescate. Esta vez no bancario, sino de las ocho autopistas de peaje quebradas. La medida parece haber sido asumida ya por el Ejecutivo como la mejor fórmula para poner fin a un problema que lleva enquistado varios años. Al menos así se desprende de las declaraciones del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, al asegurar este lunes que estas vías «revertirán al Estado y el Estado decidirá cómo gestionarlas». Una operación que podría suponer una inyección de 5.500 millones de dinero público, según cálculos de la patronal de las grandes constructoras Seopan, aunque desde el Ejecutivo rebajan esa factura a 3.400 millones.

La diferencia entre el coste de este rescate se debe al cálculo de la Responsabilidad patrimonial del Estado (RPA), es decir, a la obligación del Gobierno de reparar o de responder por el daño causado por el funcionamiento de estas concesiones. Una cuantía que se supone debe ser menor cuanto más tiempo pase desde la adjudicación (se supone que tienen más plazo para explotar las vías). En cualquier caso, ahí es donde las cifras entre Ejecutivo, empresas concesionarios y acreedores discrepan.

«Estamos intentando negociar con los bancos para ver si es posible un acuerdo que facilite las cosas, pero es complicado, es muy difícil, porque muchas entidades han vendido su deuda», explicó De la Serna en una entrevista en 'Los desayunos de TVE'. En cualquier caso, el objetivo de esta decisión, según aclaró, es mantener «operativas» estas vías para que puedan seguir siendo utilizadas. Queda así descartada su liquidación y cierre. Y es que desde Fomento insistieron en que las autovías aún pueden ser válidas para recuperar parte de la inversión o incluso hacer ganar dinero al Estado.

No es la primera vez que la posibilidad de un rescate está sobre la mesa. El anterior equipo de Fomento liderado por Ana Pastor ya propuso en 2014 la nacionalización de estas autopistas a cambio de aplicar una quita del 50% y retrasar el pago del resto del pasivo mediante una conversión en un bono a treinta años. Pero la iniciativa no prosperó por la negativa de los acreedores a perder parte de su inversión.

Sin embargo, las circunstancias han cambiado porque el tiempo para encontrar una solución se agota. De hecho, según un acuerdo judicial entre las partes el Estado deberá hacerse cargo de dos radiales de Madrid (R-3 y R-5) antes de julio de 2017. Una decisión acordada 'in extremis', ya que en realidad la fecha para que pasasen a manos del Estado era el pasado octubre. Pero no es el único procedimiento en los tribunales, algo que ha obligado a los jueces a optar por conceder una moratoria de seis meses antes de abordar nuevos procesos de liquidación en otras vías para dar tiempo a una solución entre las partes.

El resto de autopistas que están quebradas son las otras dos radiales madrileñas, la R-2 y la R-4, la Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera, la Ocaña-La Roda, y la M-12 Eje Aeropuerto, que une la capital con el aeropuerto de Barajas. En total, las ocho autopistas que serán previsiblemente rescatadas suponen cerca del 25% de toda la red de pago. Alguans llevan en concurso desde mediados de 2012 después de haber perdido un 48% de su tráfico desde 2007. Sin embargo, la mejora de la economía permite una ligera recuperación. De hecho, en los nueve primeros meses del año estas vías registraron una media de 7.115 usuarios diarios, un 7,3% más que en 2015.

«Capitalismo de amiguetes»

Precisamente, esta mejora es la que hace pensar al Gobierno que parte del dinero dedicado al rescate podría ser recuperado. Un argumento que no convence a la oposición. De hecho, el PSOE ya registró este lunes en el Congreso una petición de comparecencia del ministro de Fomento para explicar la «mala gestión» y «planificación» de estas autopistas y el coste que va a suponer para los ciudadanos. Por su parte, el responsable de Economía de Ciudadanos, Luis Garicano, calificó de «capitalismo de amiguetes» la medida propuesta por el Gobierno.